La economía china atraviesa desde hace varios trimestres un cuadro de deflación persistente, alimentado por un exceso de capacidad instalada que abarca a la vez industrias tradicionales y sectores de tecnología de punta. El fenómeno, que en el debate económico local se conoce como neijuan o “involución”, describe una dinámica de competencia autodestructiva: el exceso de oferta empuja a las empresas a bajar precios para sostener volúmenes de venta, lo que erosiona los márgenes de toda una cadena de proveedores y termina realimentando la sobreproducción.
Ante ese escenario, la dirigencia china elevó en julio del año pasado la lucha contra la involución a prioridad de política económica nacional, a través de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos. Desde entonces, el gobierno introdujo más de medio centenar de medidas sectoriales, con foco en la energía solar, las baterías para vehículos eléctricos, el acero, el cemento, la petroquímica y, más recientemente, las plataformas de reparto de comida y el comercio electrónico transfronterizo.
La comparación con Zhu Rongji, primer ministro entre 1998 y 2003, resulta casi inevitable entre los analistas. Zhu es recordado como el arquitecto de la reestructuración de las empresas estatales durante los años noventa, cuando el cierre masivo de plantas obsoletas y la reforma del sistema financiero permitieron sentar las bases del boom exportador chino de la década siguiente, aunque a un costo social considerable en materia de desempleo industrial.
El propio gobierno chino ya había ensayado una versión más reciente de ese ajuste entre 2015 y 2016, cuando una ronda de “reformas estructurales por el lado de la oferta” apuntó a sectores como el acero, el carbón y los metales no ferrosos, en su mayoría dominados por empresas estatales. Aquella campaña es hoy el punto de referencia que buena parte del mercado utiliza para calibrar las expectativas sobre la actual ofensiva contra la involución, aunque con una diferencia central: el exceso de capacidad de esta etapa está mucho más repartido en compañías de capital privado, lo que le resta al Estado buena parte de la palanca administrativa directa que tuvo una década atrás.
Esa diferencia explica en gran medida por qué los resultados de la nueva campaña vienen siendo más lentos de lo que anticipaban algunos inversores. En la industria solar, los diez mayores fabricantes de vidrio para paneles acordaron recortar producción y las autoridades reclamaron a la cadena “esfuerzos concertados” para ordenar una capacidad manufacturera que hoy multiplica varias veces la demanda mundial. En el acero, plantas de la región de Tangshan recibieron instrucciones de recortar producción en torno al 30 por ciento, mientras las minas de carbón deben ajustarse a cupos anuales de extracción.
El sector de vehículos eléctricos concentra buena parte de las tensiones. Distintas estimaciones de bancos de inversión calculan que la capacidad instalada de las automotrices chinas equivaldría, hacia este año, a la totalidad de la demanda global proyectada, lo que ha derivado en guerras de precios, márgenes de rentabilidad en mínimos históricos y prácticas cuestionadas, como la reventa de unidades cero kilómetro bajo la figura de usados para sortear pisos de precios impuestos por los propios fabricantes.
El desenlace de la campaña sigue abierto. A diferencia del ciclo 2015-2016, en el que los recortes de oferta se combinaron con un fuerte estímulo a la demanda a través de la vivienda y la obra pública, la ofensiva actual se apoya casi exclusivamente en medidas del lado de la oferta, en momentos en que la confianza de los hogares y la demanda inmobiliaria permanecen deprimidas. Para buena parte de los economistas consultados en distintos informes, sin una recomposición paralela del consumo interno, la actual campaña anti involución corre el riesgo de moderar la sobreoferta sin resolver de fondo la presión deflacionaria que arrastra la economía china desde hace casi tres años.
Por ahora, ni el gobierno central ni los gobiernos locales parecen dispuestos a repetir el costo social que implicó, en tiempos de Zhu Rongji, el cierre masivo de plantas y la consiguiente ola de despidos industriales. Esa cautela política, sumada a la mayor fragmentación privada del actual exceso de capacidad, es lo que lleva a buena parte del establishment económico a preguntarse si Pekín necesita, y si tiene margen para producir, una figura con el mismo poder de reforma que tuvo aquel primer ministro hace más de dos décadas.
