La relación comercial entre la Unión Europea y China atraviesa un momento crítico. Pese a que China es el tercer socio comercial del bloque —después de Estados Unidos y el Reino Unido—, el déficit europeo con Beijing ya alcanza los 360.000 millones de euros. La dependencia estructural es evidente: China representa la principal fuente de importaciones para Europa, incluidas materias primas críticas y minerales de tierras raras que el bloque no puede sustituir en el corto plazo.
El problema no se limita al volumen del intercambio, sino a sus condiciones. En los últimos años, China intensificó una política industrial basada en subsidios dirigidos, dumping y sobreproducción, con el objetivo de ampliar su presencia en mercados globales. Los sectores europeos afectados son estratégicos: automóviles, farmacéutica, electrónica, química y dispositivos médicos, entre otros.
La respuesta de Bruselas fue gradual pero creciente. La Comisión Europea multiplicó el uso de medidas antidumping: en 2024 se iniciaron siete casos contra China; en 2025, la cifra trepó a 17, y actualmente hay más de 50 investigaciones en curso. Se aplicaron aranceles sobre vehículos eléctricos, paneles solares, cilindros de acero y otros productos. Cada decisión requiere investigaciones de hasta 18 meses y el aval de una mayoría de los Estados miembro.
Sin embargo, la capacidad técnica de respuesta contrasta con la fragmentación política. Los líderes europeos multiplicaron las visitas a Beijing en el último año —el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro español Pedro Sánchez, entre otros—, pero sin una posición coordinada. Esa heterogeneidad debilita la credibilidad negociadora del bloque.
La división se hizo explícita en torno al Acta Aceleradora Industrial, propuesta de la Comisión que busca excluir a ciertos países de licitaciones públicas y cadenas de suministro subsidiadas con fondos europeos. Francia, España, los Países Bajos, Italia y Lituania enviaron una carta conjunta exigiendo medidas más duras contra China. Alemania, en cambio, se negó a firmarla y aboga por profundizar los lazos industriales con Beijing. Varios países escandinavos comparten esa postura.
La tensión también existe dentro de la propia Comisión. Su presidenta, Ursula von der Leyen, reafirmó que el enfoque europeo sigue siendo la «reducción de riesgos» —no el desacoplamiento—, pero reconoció que la interrelación entre intereses económicos y de seguridad exige una respuesta más robusta. El comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, anunció un mayor uso de cláusulas de salvaguarda para proteger la industria regional. El tema estará en agenda en la próxima reunión del G7 y en el Consejo Europeo de mediados de junio.
El problema de fondo es estratégico. La estrategia vigente data de 2019 y fue concebida en un contexto radicalmente distinto, cuando aún existían expectativas sobre el Acuerdo Integral de Inversiones (CAI), negociado ese año y congelado en 2021 tras un ciclo de sanciones cruzadas entre Bruselas y Beijing. Ese documento definía a China simultáneamente como «socio estratégico», «competidor económico» y «rival sistémico», una ambigüedad que ya no refleja la realidad actual, agravada por el apoyo de China a Rusia en el conflicto de Ucrania.
Para algunos sectores, la brecha ya podría ser irreversible. El caso más visible es el del transporte público: los autobuses que circulan por las ciudades europeas son, en su gran mayoría, de producción china.
Frente a este panorama, la necesidad de una estrategia común, actualizada y con una dimensión de seguridad explícita se vuelve urgente. El desafío es político: articular una posición unificada entre 27 Estados miembro con intereses divergentes. Pero sin ese esfuerzo, Europa continuará respondiendo de forma fragmentada a una potencia que, cada vez más, actúa con una lógica estratégica integral.
