Un nuevo paquete de aranceles estadounidenses entró en vigencia este viernes sobre 60 socios comerciales, en reemplazo del gravamen global del 10% que el presidente Donald Trump había impuesto meses atrás y que caducaba automáticamente tras 150 días de vigencia. La medida forma parte del intento de la administración por reconstruir, con una base legal distinta, el esquema de aranceles que la Corte Suprema desactivó parcialmente en febrero.
Aquel fallo había representado un golpe a la capacidad del gobierno de aplicar gravámenes elevados por decisión unilateral, apoyándose en poderes de emergencia cuestionados en los tribunales. Frente a ese revés, la Casa Blanca activó entonces una vía alternativa para sostener el arancel del 10% de manera transitoria, con un límite temporal de 150 días que venció este viernes. El nuevo esquema, cuya propuesta se había anunciado en junio, ocupa ahora ese lugar.
Una base legal más resistente
A diferencia de los aranceles previos, este paquete se apoya en una investigación de varios meses sobre el eventual incumplimiento, por parte de unas 60 economías, de estándares para prevenir el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Esa arquitectura jurídica, según especialistas en comercio internacional, ofrece mayores garantías de continuidad ante una eventual impugnación judicial que los mecanismos de emergencia empleados anteriormente.
El diseño responde a una lógica explícita: sostener aranceles de base mientras se mantiene la amenaza de nuevas medidas, lo que le otorga a Washington un margen de negociación adicional frente a sus socios comerciales y, a la vez, un incentivo para que esos países cumplan con acuerdos comerciales ya suscriptos. Analistas del comercio internacional coinciden en que la solidez del nuevo marco legal aumenta las probabilidades de que los gravámenes se mantengan durante el resto del mandato presidencial, en lo que describen como una consolidación del giro proteccionista de la principal economía del mundo.
Dos niveles arancelarios
El esquema anunciado el jueves distingue dos categorías de países según su situación frente al estándar de trabajo forzado. Un primer grupo, integrado por economías que ya prohibieron la importación de bienes producidos bajo esas condiciones o que se comprometieron formalmente a hacerlo, queda sujeto a la tasa más baja, del 10%. Entre ellas figuran Canadá, la Unión Europea, India y el Reino Unido, además de otro puñado de países considerados en cumplimiento.
El segundo grupo, integrado por China, Japón, Corea del Sur y decenas de economías adicionales, fue calificado como no conforme con ese estándar y quedó alcanzado por la tasa superior, del 12,5%. La diferencia entre ambos niveles busca funcionar como un incentivo adicional para que los países del segundo grupo avancen en la adopción de restricciones equivalentes.
Un incentivo para las cuentas públicas
Además del componente estratégico, la recomposición del esquema arancelario tiene una dimensión fiscal directa: la reactivación de gravámenes sobre un universo tan amplio de socios comerciales genera un ingreso adicional para las cuentas públicas estadounidenses, un aspecto que distintos analistas del comercio internacional señalan como una motivación adicional del gobierno para sostener este tipo de instrumentos en el tiempo.
El nuevo dispositivo se suma a una serie de medidas comerciales que la administración viene desplegando durante el año, en un contexto de tensión creciente con buena parte de sus socios comerciales y de búsqueda activa de herramientas legales que permitan sostener una política arancelaria agresiva pese a los límites impuestos por la Justicia.
Qué mirar de acá en adelante
El principal interrogante hacia adelante es si este nuevo formato, construido sobre una investigación técnica y no sobre poderes de emergencia genéricos, logra sortear con éxito los cuestionamientos judiciales que sí alcanzaron al esquema anterior. De su resultado dependerá, en gran medida, la estabilidad del nuevo mapa arancelario para el resto del mandato presidencial y las señales que reciban los socios comerciales de Estados Unidos respecto de la previsibilidad de su política comercial.
