La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no tiene previsto publicar el informe y los remedios recomendados que surgen de su investigación en curso sobre “sobrecapacidad estructural” hasta después de que el presidente chino, Xi Jinping, se reúna con Donald Trump en Washington este mes, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento del proceso.
La pesquisa, abierta el 11 de marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alcanza a 16 socios comerciales de Estados Unidos —entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, México, India y varios países del sudeste asiático— y apunta a sectores como aluminio, automóviles, baterías, cemento, química, electrónica, energía, vidrio, maquinaria, metales no ferrosos, papel, plásticos, alimentos y bebidas procesados, robótica, satélites, semiconductores, buques, paneles solares, acero y equipos de transporte.
La administración estadounidense apunta a fijar un arancel adicional del 7,5% sobre los productos chinos por presunta sobrecapacidad manufacturera, antes de la cumbre bilateral prevista para el 24 de septiembre. Ese nivel llevaría los aranceles de la Sección 301 vigentes desde el segundo mandato de Trump a un 20% acumulado sobre bienes chinos, techo que Beijing sostiene fue acordado entre ambos mandatarios en el marco de la tregua comercial alcanzada en Busan en octubre de 2025 y reafirmada en el encuentro de mayo en Beijing.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había señalado en julio que la investigación sobre sobrecapacidad demandaría más tiempo que la de trabajo forzoso —concluida en junio con un arancel del 12,5% sobre bienes chinos— debido a su mayor complejidad, y remarcó que la demora no responde a un intento de preservar la tregua con Beijing. Las tasas definitivas del nuevo arancel aún no fueron determinadas, de acuerdo con las fuentes consultadas por Bloomberg.
China, por su parte, reclamó en una audiencia pública en Washington el retiro de la investigación. Michelle Zang, en representación de la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC), un organismo comercial respaldado por el Estado, sostuvo que la pesquisa “carece de base estatutaria suficiente y de evidencia de sustento” y que “elude varios mecanismos multilaterales establecidos”.
Un esquema arancelario en capas
El eventual arancel del 7,5% por sobrecapacidad se sumaría al 12,5% ya vigente desde el 24 de julio por la investigación sobre trabajo forzoso, y a los aranceles sectoriales de la Sección 301 en pie desde el primer mandato de Trump: 50% sobre semiconductores y celdas solares, 100% sobre vehículos eléctricos y 25% sobre la mayoría de la maquinaria industrial. Para empresas que importan chips, módulos solares o componentes de baterías de origen chino, la acumulación de capas arancelarias pesa más que la tasa nominal de cada medida individual.
El respaldo jurídico de la nueva medida se apoya en el antecedente de la Sección 301, vigente desde 1974, y en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 15 de junio de no revisar el caso HMTX, lo que se interpreta como una señal de que el tribunal no buscará reabrir la doctrina asentada sobre esta herramienta. A diferencia de la investigación por trabajo forzoso, la de sobrecapacidad cuenta con una base documental adicional: la base de datos MAGIC de la OCDE sobre subsidios correspondiente a 2024.
El encuentro del 24 de septiembre en Washington será el segundo cara a cara entre ambos presidentes en 2026, luego de la visita de Trump a Beijing en mayo, de la que surgió el mecanismo del Consejo Comercial (Board of Trade), un marco bilateral para el alivio arancelario producto por producto sobre hasta 30.000 millones de dólares en bienes chinos clasificados como no sensibles. Ambos países mantienen además conversaciones para reducir aranceles, potencialmente hasta niveles de nación más favorecida, sobre otros 30.000 millones de dólares en bienes en cada sentido, con una eventual ampliación tras la cumbre de septiembre.
Analistas del Center for Strategic and International Studies (CSIS) advirtieron que, si la investigación por sobrecapacidad deriva en aranceles equiparables a los descartados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), podría abrirse una nueva vía de impugnación judicial. Un cálculo riguroso del daño causado por la sobrecapacidad china, señalan, podría justificar tasas muy superiores al 7,5% previsto, aunque el techo del 20% acordado entre Washington y Beijing limita el margen de maniobra de la Casa Blanca frente a China sin quebrar el entendimiento bilateral.
