Investigaciones del Peterson Institute for International Economics (PIIE) ponen en duda la eficacia real de la guerra arancelaria que Estados Unidos libra contra China desde 2018. Utilizando tablas insumo-producto multirregionales del Banco Asiático de Desarrollo para el período 2007-2024, un informe del instituto rastreó el valor agregado de origen chino a lo largo de toda la canasta de importaciones estadounidenses, no solo en los envíos directos desde China, y llegó a una conclusión que contradice el relato oficial de desacople.
Entre 2017 y 2024, la participación de China en las importaciones bilaterales de Estados Unidos cayó siete puntos porcentuales. Sin embargo, la porción de valor agregado chino contenida en el conjunto de las importaciones estadounidenses —que incluye insumos, partes y otros componentes chinos reexportados desde terceros países— retrocedió apenas dos puntos porcentuales. La brecha entre ambas cifras revela que buena parte de la producción china simplemente cambió de ruta antes de llegar al mercado estadounidense, en lugar de ser sustituida.
El desvío hacia terceros países
Los aranceles impulsaron a los proveedores a reorganizar sus cadenas de suministro a través de terceros países para evitar el envío directo desde China. Entre 2017 y 2025, los mayores ganadores de participación en las importaciones totales de bienes de Estados Unidos fueron Taiwán (4,1 puntos porcentuales), Vietnam (3,7 puntos) y México (2,3 puntos). La participación china en las importaciones bilaterales estadounidenses, que rondaba 22% antes de la guerra comercial de 2018-2019, había caído a 9% hacia fines de 2025, sin que el volumen total de importaciones estadounidenses se redujera: la fuente cambió, pero la demanda por insumos y manufacturas de origen chino, incorporados en productos de terceros países, se mantuvo.
El PIIE concluye que ni los aranceles vigentes durante el primer mandato de Trump ni la actual política arancelaria de su segunda administración lograron reducir de manera significativa la dependencia estadounidense de insumos chinos esenciales para industrias clave. El informe sostiene que una estrategia de seguridad económica genuina requeriría, en cambio, identificar los verdaderos cuellos de botella, desarrollar proveedores alternativos competitivos junto con la infraestructura que los conecte a los mercados, y cooperar con aliados en lugar de forzarlos a construir cadenas de suministro separadas.
Los ART: una nueva arquitectura legal contra China
Frente a esos resultados limitados, la administración estadounidense avanzó en paralelo con una segunda vía: los Acuerdos sobre Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés), pensados para atraer a sus socios comerciales hacia una postura más restrictiva frente a China. Al 22 de mayo de 2026 se habían firmado nueve ART —con Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán— y había varios más en negociación activa.
Según el análisis del PIIE, la letra chica de estos acuerdos va mucho más allá de un intercambio bilateral convencional de concesiones arancelarias: construye una arquitectura legal para alejar a los socios comerciales de Estados Unidos de China y restringir económicamente a esta última. Los textos no mencionan a China de manera explícita —hablan de «tercer país», «nación cubierta» o «país de interés»— pero el objetivo resulta evidente en cada uno de los mecanismos identificados.
Siete mecanismos para el desacople indirecto
El estudio identifica siete instrumentos recurrentes en los ART. El primero exige a los socios prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado, en línea con la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 que sustenta la ley estadounidense contra el trabajo forzado en Xinjiang. El segundo obliga a adoptar restricciones «de efecto equivalente» cada vez que Washington restrinja el comercio con un tercer país por motivos de seguridad económica o nacional, un mecanismo que en la práctica apunta casi siempre a China.
Los cinco mecanismos restantes completan el andamiaje: control sobre empresas radicadas en el país socio pero controladas por actores de terceros países; alineamiento con los controles de exportación estadounidenses (el caso más extremo es Taiwán, obligado a adoptar la Regla del Producto Directo Extranjero de EE.UU. para impedir que semiconductores avanzados lleguen a China); revisión de inversiones entrantes —y en algunos casos salientes— por motivos de seguridad nacional; endurecimiento de las reglas de origen para combatir la triangulación de mercadería china; y cláusulas de penalidad que permiten a Washington terminar el acuerdo y restablecer los aranceles «recíprocos» si el socio firma un nuevo tratado con un tercer país que la administración considere lesivo para sus intereses.
La intensidad de estos compromisos varía según el país. Taiwán enfrenta las obligaciones más exigentes en materia de control de exportaciones, dada su posición central en la industria mundial de semiconductores; Indonesia, Camboya y Malasia deben combatir específicamente la triangulación mediante reglas de origen; y Argentina y El Salvador son los únicos dos socios cuyos acuerdos no incluyen, según el relevamiento del PIIE, cláusulas de penalidad explícitas.
