Más de la mitad de los 2.587 compromisos de comercio digital registrados en el mundo se adoptaron en los últimos cuatro años. El fenómeno no fue gradual: fue una ola. Y como toda ola, avanza con fuerza propia, a veces sin dirección clara. Un grupo reducido de países —algunos pequeños y abiertos, otros enormes y estratégicos— está definiendo las reglas del juego global en materia digital antes de que se haya resuelto la pregunta de fondo: quién va a liderar esa gobernanza.
Así lo documenta un nuevo relevamiento elaborado por la Hinrich Foundation junto con Digital Policy Alert. El informe reúne, clasifica y analiza la totalidad de los compromisos de comercio digital existentes, trazando su evolución a lo largo de un cuarto de siglo. Lo que emerge no es un sistema, sino una proliferación: acuerdos superpuestos, marcos fragmentados y promesas que, en muchos casos, se cumplen solo en el papel.
Entre los países que encabezan la producción de normas digitales, el análisis distingue dos perfiles. Por un lado, economías pequeñas y abiertas —Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda— que han apostado al comercio digital como eje de su inserción internacional. Por el otro, las dos mayores economías del planeta: Estados Unidos y China. Ambas están comprometidas en una disputa que va mucho más allá de los aranceles o los estándares técnicos.
Washington, que se mantuvo al margen de la ola digital durante casi una década, ha decidido recuperar terreno. En diciembre de 2025, el Departamento de Estado lanzó Pax Silica, una iniciativa que busca asegurar cadenas de suministro en inteligencia artificial, semiconductores avanzados y minerales críticos entre un grupo de socios «confiables» —quince hasta ahora—. El objetivo declarado: reducir «dependencias excesivas» y contrarrestar «prácticas no orientadas por el mercado». El objetivo implícito: contener a China, aunque su nombre no aparezca en ningún párrafo de la declaración oficial.
China, por su parte, es uno de los innovadores más activos del mundo en inteligencia artificial y ha participado con entusiasmo en la firma de nuevos acuerdos digitales, incluyendo el Acuerdo de Comercio Electrónico de la OMC —de 67 miembros— propuesto para su implementación en abril de 2026. Pero el control estatal que ejerce Beijing sobre los minerales estratégicos y sobre la infraestructura tecnológica propia genera inquietud creciente en muchos de sus socios comerciales. La pregunta ya no es si China es un actor relevante del comercio digital global. La pregunta es en qué términos.
El problema no es solo la rivalidad entre las dos potencias. Es que ambas han mostrado disposición a usar el comercio como arma, imponiendo restricciones extraterritoriales y presionando a terceros países para que tomen partido. En ese contexto, los países más pequeños —que en muchos casos son los más activos en la producción de acuerdos digitales— se encuentran atrapados entre dos modelos incompatibles, sin un foro neutral donde dirimir sus diferencias.
La demanda de reglas para el comercio digital es clara y urgente. La ola creció a pesar de todo: a pesar de la fragmentación regulatoria, a pesar de los compromisos incumplidos, a pesar de la geopolítica. Pero crecer no es lo mismo que ordenarse. El desafío ahora es construir una arquitectura de gobernanza que sea, a la vez, verdaderamente global y suficientemente concreta: que no se limite a proclamaciones de principios, sino que establezca reglas verificables, mecanismos de cumplimiento efectivos y espacios de negociación donde participen en igualdad de condiciones tanto las potencias que moldean el sistema como los países que simplemente lo habitan.
