En el tablero de la rivalidad entre Estados Unidos y China, gran parte del debate público se concentra en aranceles, chips semiconductores y bases militares en el Indo-Pacífico. Pero existe una dimensión de ese enfrentamiento que suele escapar al análisis: la financiera. Y en esa dimensión, Washington no solo está ganando: lleva décadas haciéndolo sin que Pekín haya podido acortar la distancia.
China es, a esta altura, la segunda economía del mundo por tamaño del producto bruto, un protagonista ineludible del comercio internacional y el principal socio comercial de más de cien países. Sin embargo, cuando se mide su influencia en los mercados financieros globales, el gigante asiático aparece notablemente disminuido. Sus bolsas de valores representan una fracción marginal de los flujos de capital mundial. El yuan sigue sin ser una moneda de reserva relevante. Y los bonos del gobierno chino, pese a los esfuerzos de Pekín por internacionalizarlos, apenas tienen presencia en las carteras institucionales de Occidente.
El desequilibrio es el resultado de décadas de decisiones deliberadas del Partido Comunista Chino, que priorizó el control sobre la apertura. A diferencia de los Estados Unidos, cuyo sistema financiero creció sobre la base de mercados de capitales profundos, transparentes y accesibles para inversores de todo el mundo, China mantuvo restricciones sobre los flujos de capital, limitó la convertibilidad de su moneda y construyó un sistema bancario dominado por instituciones estatales con escasa rendición de cuentas hacia el exterior.
La consecuencia es paradójica: China exporta manufacturas, infraestructura y tecnología a gran parte del planeta, pero no exporta activos financieros en los que el mundo quiera depositar su riqueza. Cuando los inversores globales buscan refugio o rendimiento, siguen mirando hacia Nueva York, no hacia Shanghái. El dólar sigue siendo la moneda en la que se denominan la mayoría de las transacciones internacionales, en la que se fijan los precios de las materias primas y en la que los bancos centrales de decenas de países guardan sus reservas.
El dominio financiero estadounidense le otorga a Washington una palanca de poder extraordinaria: la capacidad de imponer sanciones que funcionan porque el sistema financiero global pasa por instituciones sometidas a la jurisdicción norteamericana. Irán, Rusia, Venezuela y otros países que han sido objeto de sanciones lo saben bien. China, a pesar de sus esfuerzos por construir sistemas de pago alternativos como CIPS o por impulsar acuerdos bilaterales en yuanes, no ha logrado ofrecer una infraestructura financiera creíble que permita evadir esa dependencia.
La brecha entre el peso económico y el peso financiero de China es uno de los fenómenos más subestimados de la economía global contemporánea. Mientras economistas y analistas geopolíticos debaten si el siglo XXI le pertenece a China, los mercados de capitales del mundo siguen siendo, de manera abrumadora, un asunto anglosajón. Las veinte mayores gestoras de activos del planeta son, en su mayoría, estadounidenses o británicas. Los índices que determinan en qué países y empresas invierten los fondos de pensiones de todo el mundo son calculados por firmas con sede en Nueva York o Londres.
Esta concentración del poder financiero en manos occidentales no es inmune al cambio, pero su transformación será lenta. Para que China se convierta en una potencia financiera comparable a su peso económico, necesitaría abrir su cuenta de capital, hacer el yuan libremente convertible, reformar su sistema legal para proteger a los inversores extranjeros y aceptar un grado de transparencia institucional que hoy resulta incompatible con el modelo de gobernanza del Partido Comunista.
En ese contexto, la conclusión es simple, la batalla que Estados Unidos está ganando contra China se libra en los flujos invisibles de capital, en la confianza que los inversores del mundo depositan —o no— en los activos de cada potencia.
