El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de julio una proclamación que modifica el régimen arancelario de la Sección 232 sobre el aluminio para crear un programa de incentivos a la inversión en producción primaria. El mecanismo permite que el secretario de Comercio apruebe «planes de relocalización» presentados por empresas que se comprometan a construir nuevas plantas, ampliar las existentes o refaccionar fundiciones en desuso dentro del país, con la condición de iniciar las obras antes del 20 de enero de 2029.
A cambio de ese compromiso, las compañías con planes aprobados podrán importar una cantidad de aluminio primario equivalente a la producción anual estimada de la planta nueva o ampliada, pagando la mitad del arancel de la Sección 232 vigente. Esa tasa se ubica actualmente en 50% para el aluminio primario, por lo que las empresas beneficiadas pasarían a pagar en torno al 25% por los volúmenes que importen mientras se concreta la inversión. El beneficio no se extiende a artículos derivados ni a otros bienes de equipo industrial, y en los planes basados en refacción de plantas existentes el incentivo queda limitado al valor de la inversión realizada.
Un antecedente y un caso testigo
El nuevo esquema continúa la línea de una proclamación de octubre de 2025 que ya había reducido aranceles de acero y aluminio para productores de Canadá y México vinculados a la fabricación de vehículos medianos y pesados. El caso que motoriza gran parte de la discusión actual es el de Century Aluminum, que en febrero había anunciado junto a la firma emiratí Emirates Global Aluminium un proyecto conjunto para construir una fundición en Inola, Oklahoma, con capacidad de más que duplicar la producción primaria actual de Estados Unidos y descripto por la propia empresa como la mayor inversión individual jamás realizada en el sector aluminero del país.
Century, además, ya había reactivado más de 50.000 toneladas de capacidad ociosa en su planta de Mt Holly, Carolina del Sur, lo que elevó en cerca de 10% la producción primaria nacional. El director ejecutivo de la compañía, Jesse Gary, calificó la medida como un respaldo del gobierno que refuerza el compromiso de abastecer de metal crítico a industrias como la de defensa y la aeroespacial. Las acciones de Century llegaron a subir más de 7% tras el anuncio, mientras que Kaiser Aluminum también avanzó en bolsa por su posicionamiento en la cadena aguas abajo, en un mercado que reaccionó con marcada diferenciación entre productores según su exposición al nuevo mecanismo.
Un arancel bajo, pero no un subsidio
El gobierno estadounidense enmarca la iniciativa como un mecanismo de mercado y no como una transferencia directa de fondos: no se trata de un subsidio ni de una asignación de crédito, sino de un beneficio condicionado a que la empresa cumpla con hitos de inversión verificables. El Departamento de Comercio deberá monitorear el cumplimiento de cada plan mediante reportes periódicos y podrá exigir auditorías externas; si detecta fraude o incumplimiento en los compromisos de relocalización, el beneficio arancelario puede revocarse de manera retroactiva y derivar en sanciones adicionales.
Entidades del sector, como la Aluminum Association, remarcaron que aun reactivando toda la capacidad ociosa de fundiciones en Estados Unidos, la oferta doméstica cubriría apenas entre 15% y 20% del volumen que hoy se importa, por lo que el país seguirá dependiendo estructuralmente de metal extranjero -y crecientemente del reciclaje- durante varios años más, incluso si el programa cumple sus objetivos.
El costo energético, el verdadero límite
El punto que genera más cautela entre analistas es el peso de la energía en la ecuación. La producción de aluminio primario es un proceso intensivo en electricidad, y el descuento arancelario por sí solo no resuelve el diferencial de costos energéticos que durante años desalentó nuevas fundiciones en Estados Unidos frente a otros orígenes de abastecimiento. En ese sentido, el impacto real del programa dependerá de si el ahorro arancelario alcanza a compensar esos costos operativos más elevados, algo que todavía no puede darse por descontado y que se perfila como la prueba de fondo para determinar si la iniciativa logra traducirse en nueva capacidad instalada o queda acotada a los proyectos que, como el de Oklahoma, ya estaban en marcha antes del anuncio.
