En noviembre de 2022, cuando el canciller Francisco Bustillo viajó a Australia y Nueva Zelanda para presentar formalmente la solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), Argentina, Brasil y Paraguay respondieron con un comunicado conjunto que en el lenguaje diplomático latinoamericano equivale a una advertencia de guerra: los tres países «se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial». Muchos analistas interpretaron el episodio como una demostración de que el Mercosur podría frenar las ambiciones unilaterales de sus miembros más pequeños. Esa interpretación era completamente equivocada. Uruguay no retrocedió: simplemente cambió de táctica.
Cuatro años después, con el presidente Yamandú Orsi en el poder y el respaldo discreto de la Argentina de Milei, Uruguay avanza hacia el CPTPP con una velocidad y una determinación que hacen palidecer cualquier comparación con lo que intentó Lacalle Pou. El 21 de noviembre de 2025, Uruguay obtuvo la no objeción de los doce miembros del acuerdo en una reunión en Melbourne. El 13 de mayo de 2026 participó en Londres de su primera reunión formal como país en proceso de adhesión, con bilaterales con cada uno de los miembros y una presentación en plenaria. El camino hasta la membresía plena puede llevar entre tres y cinco años, pero el primer paso formal está dado y no hay vuelta atrás.
La lección aprendida: negociar en silencio
El dato más llamativo de esta historia es que fue un gobierno del Frente Amplio —la coalición de izquierda que históricamente defendió el Mercosur como principio irrenunciable de la política exterior uruguaya— el que concretó lo que el gobierno de centroderecha de Lacalle Pou no pudo hacer. La continuidad de política de Estado por encima de las diferencias ideológicas es quizás el elemento más impresionante de toda la historia. El canciller Mario Lubetkin y la vicecanciller Valeria Csukasi describieron el proceso como el resultado de «meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva». El énfasis no es accidental: cuando Lacalle Pou movió fichas hacia el CPTPP de manera visible, los tres socios reaccionaron con amenazas. Esta vez, Uruguay negó hasta tener el respaldo de los doce en la mano. Es la diferencia entre mostrar el mapa del tesoro antes de encontrarlo y mostrar el tesoro después de encontrarlo.
La alianza más inesperada del bloque
Lo que hace cuatro años asomaba como un frente interno irreconciliable se ha convertido en una carta a favor de Uruguay. El gobierno de Milei pretende solicitar su propia adhesión al CPTPP y Montevideo lo alienta activamente, porque necesita que el principio de negociación bilateral con terceros se consolide como doctrina del bloque. Los gobiernos de Uruguay y Argentina defienden codo a codo la «flexibilidad» del Mercosur para que cada socio pueda avanzar en acuerdos comerciales propios. Esta convergencia política es la más inesperada del Mercosur de 2026: el gobierno más progresista del bloque y el más libertario defienden exactamente la misma posición comercial. En 2022 fue precisamente Buenos Aires, bajo Alberto Fernández, quien lideró la coalición que amenazó a Montevideo.
Brasil, solo y paralizado
Brasil observa el avance con malestar creciente pero sin capacidad política de frenarlo. En la reunión del Grupo Mercado Común del 5 de marzo en Asunción, el embajador Francisco Cannabrava preguntó a Argentina si las concesiones arancelarias comprometidas con Washington serán parte de las excepciones del Arancel Externo Común negociadas el año anterior. Un Brasil que aplica normas de manera selectiva tiene escasa legitimidad para exigir disciplina a sus socios.
El CPTPP ya representa el 9% de las exportaciones uruguayas antes de que el país sea miembro, pagando aranceles plenos. Con membresía plena y acceso preferencial a los mercados de Japón, Canadá, Australia y diez países más —que en conjunto suman el 15% del PIB mundial— el potencial de expansión es evidente. Para un país de 3,5 millones de habitantes que exporta más de 16.000 millones de dólares anuales, el acceso preferencial a esos mercados no es un lujo estratégico sino una necesidad de supervivencia económica en un mundo que se fragmenta en bloques.
Los técnicos uruguayos proponen una fórmula jurídica de «velocidades múltiples» mediante la cual un Estado miembro pueda implementar capítulos comerciales específicos de manera anticipada mientras los demás socios continúan sus procesos internos. La Cumbre de julio en Asunción será el primer momento en que los presidentes del bloque tendrán que mirar a la cara esta realidad. Uruguay ya está en el grupo de trabajo del CPTPP. Argentina ya firmó su acuerdo con Washington. Lo que está por definirse no es si esas cosas ocurrieron, sino qué tipo de Mercosur quieren los socios que las sobreviva. El más pequeño y más persistente de los cuatro fundadores ya tiene su parte de la respuesta asegurada.
