Panamá envió esta semana una delegación técnica a Beijing con el objetivo de descomprimir uno de los frentes más tensos de su política exterior: la escalada de detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, un fenómeno que las autoridades estadounidenses describen como una represalia encubierta y que ya erosionó de manera sensible el registro naviero más grande del mundo. La misión, encabezada por el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, tiene como agenda la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo y el intercambio técnico sobre control portuario.
El origen de la disputa
El conflicto se remonta a fines de enero, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el marco legal que sostenía la concesión otorgada en 1997 —y extendida en 2021— a Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para operar las terminales de contenedores de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los dos extremos del Canal. El fallo llegó luego de una fuerte presión de Washington, que buscaba desplazar la influencia china sobre la infraestructura portuaria adyacente a la vía interoceánica, por la que circula alrededor del cinco por ciento del comercio marítimo mundial. Tras la sentencia, el gobierno panameño designó de forma interina a APM Terminals, del grupo danés Maersk, y a Terminal Investment Limited, de la naviera suiza-italiana MSC, para administrar ambas terminales durante dieciocho meses mientras se define una nueva licitación.
Una represalia con forma de inspección
Desde marzo, la cantidad de buques con bandera panameña detenidos en puertos chinos aumentó de manera abrupta: en ese mes se contabilizaron 93 naves con controles adicionales, y en junio la proporción de inspecciones que terminaron en detención llegó al 25 por ciento, muy por encima del promedio mensual del 5,9 por ciento registrado durante 2025. La presidenta de la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos (FMC), Laura DiBella, calificó la situación como una “weaponización” de los controles del estado rector del puerto y adelantó que el organismo evalúa iniciar una investigación formal. Beijing, por su parte, sostiene que las inspecciones se ajustan a sus propias normas y a las convenciones internacionales, y rechaza que apunten contra un país en particular, aunque reconoce que exigirá a las empresas chinas la protección de sus intereses en el marco del conflicto portuario.
Un registro que pierde buques
El impacto comercial de la disputa ya es visible. Más de doscientas embarcaciones abandonaron la bandera panameña desde el inicio de la escalada, en muchos casos por exigencia de las propias compañías de leasing chinas, que condicionan el financiamiento de buques nuevos a la reflagación. Liberia y las Islas Marshall aparecen como los principales beneficiarios de ese éxodo, al ofrecer a los armadores una posición más neutral frente al enfrentamiento entre las dos mayores economías del mundo. El registro panameño, que genera unos cien millones de dólares anuales para las arcas del Estado, había recibido en 2025 a más de 4.600 buques con bandera propia en puertos chinos, según datos de Lloyd’s List Intelligence, lo que dimensiona la magnitud de la exposición comercial que hoy está en juego.
Una misión técnica con trasfondo político
Aunque el gobierno panameño insiste en presentar el viaje como un trámite de rutina para renovar un acuerdo marítimo bilateral, el trasfondo político resulta ineludible. El presidente José Raúl Mulino mantuvo un discurso moderado, evitando la confrontación directa con Beijing pese a reconocer el aumento de las detenciones, mientras que el canciller Javier Martínez-Acha adoptó un tono más firme al vincular explícitamente el incremento de inspecciones con el fallo judicial sobre Hutchison. La delegación viaja además en medio de las críticas de legisladores de oposición, que reclaman explicaciones más contundentes ante Beijing, y con la mirada puesta en Washington, donde crece la presión para que la disputa portuaria derive en una investigación formal sobre las prácticas chinas de control naval.
El resultado de la misión en Beijing podría marcar el rumbo de una relación que combina intereses comerciales de escala global con una disputa geopolítica de fondo entre Estados Unidos y China por el control estratégico del Canal de Panamá.
