Cuando la administración Trump impuso en abril de 2025 aranceles “recíprocos” diferenciados por país, los presentó como una herramienta de presión para negociar concesiones bilaterales. Desde entonces, Washington firmó nueve Acuerdos sobre Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) con Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán, con varios más en negociación.
Según un análisis de Mary E. Lovely y Christine Y. Wan, del Peterson Institute for International Economics (PIIE), la letra chica de estos acuerdos excede ampliamente lo comercial: construye una arquitectura legal para desplazar a China de las cadenas de valor de sus socios. Ningún ART menciona a China explícitamente —hablan de “tercer país” o “país de interés”—, pero el objetivo es transparente.
Siete mecanismos, un mismo blanco:
- Exclusión de importaciones con trabajo forzoso: extiende la lógica de la ley contra el trabajo forzoso en Xinjiang a las decisiones de EE.UU. sobre terceros mercados.
- Restricciones coordinadas a terceros países: obliga a replicar medidas de EE.UU. contra “prácticas no derivadas del mercado”, históricamente dirigidas a China.
- Empresas controladas por terceros países: apunta a firmas chinas que trasladan producción a otros mercados para preservar el acceso a EE.UU.
- Alineamiento en controles de exportación: exige restringir operaciones con entidades sancionadas por Washington; el caso de Taiwán llega a exigir alineación con la Regla del Producto Directo Extranjero para frenar el acceso chino a semiconductores avanzados.
- Seguridad en inversiones: crea mecanismos de revisión de inversión entrante —y en algunos casos saliente— para filtrar capital y tecnología chinos.
- Reglas de origen: endurece los criterios de origen para impedir el reetiquetado o ensamblaje superficial de productos chinos que buscan evadir aranceles.
- Cláusulas de penalidad: habilitan a EE.UU. a reimponer los aranceles recíprocos si el socio firma nuevos acuerdos con un “tercer país que afecte intereses esenciales” de Washington.
Compromisos desiguales, mismo dilema
La profundidad de estas obligaciones varía según el país. Taiwán asume los compromisos más exigentes en controles de exportación, dada su centralidad en la industria de semiconductores; Argentina y El Salvador no incluyen cláusulas de penalidad; e Indonesia, Camboya y Malasia enfrentan exigencias específicas contra la triangulación comercial. Para las economías asiáticas, profundamente integradas con China, el dilema es directo: cumplir con Washington y exponerse a represalias de Beijing, o desafiar a EE.UU. y perder el arancel preferencial.
Una aplicación con base legal incierta
Todos los aranceles negociados en los ART quedaron por debajo de las tasas “recíprocas” anunciadas originalmente por Trump el 2 de abril de 2025, lo que vuelve creíble la amenaza de reimponerlas ante incumplimientos. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó este año el uso de la ley de emergencia económica como base legal de esos aranceles, y una corte de comercio internacional tumbó después el esquema sustituto. Para sortear ese vacío, el gobierno abrió en marzo dos investigaciones bajo la Sección 301 —sobre exceso de capacidad industrial y sobre trabajo forzoso— que abarcan a China y a los nueve firmantes de ART, y que podrían convertirse en la base legal para aplicar sanciones si algún socio incumple sus compromisos.
