La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) recibió un aluvión de objeciones de sus principales socios comerciales contra la propuesta de aranceles adicionales de entre 10% y 12,5% para 60 economías, a las que responsabilizó de no prohibir o no fiscalizar de manera efectiva la importación de bienes producidos con trabajo forzado. El reclamo llega en la antesala de las audiencias públicas que el Comité de la Sección 301 comenzó este martes en Washington, después de que el 6 de julio venciera el plazo para presentar comentarios por escrito.
La determinación, anunciada el 2 de junio por el representante comercial Jamieson Greer, concluyó que 54 de las 60 economías investigadas no cuentan con una prohibición legal sobre las importaciones ligadas a trabajo forzado, mientras que las seis restantes —entre ellas Canadá, México y la Unión Europea— sí la tienen pero no la aplican de forma efectiva. Esa distinción definió dos niveles de arancel adicional: 10% para el segundo grupo y 12,5% para el resto, entre los que figuran China, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
Entre las objeciones más duras aparece el cuestionamiento a la validez misma de la investigación. La Comisión Europea calificó de injustificados los aranceles y reafirmó su respaldo al acuerdo comercial sellado con Washington el año pasado, mientras que Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, sostuvo que los hallazgos de la investigación resultan “absurdos” frente a una ley europea de 2024 que ya prohíbe los productos hechos con trabajo forzado. Lange advirtió que “la impresión que se instala cada vez más es que primero se busca una medida arancelaria y recién después se le encuentra una justificación legal adecuada”.
China, por su parte, rechazó lo que calificó como restricciones unilaterales y pidió a Washington mantener la estabilidad de la relación comercial bilateral, en lugar de sumar nuevas barreras. Especialistas en comercio consultados en distintos países coinciden en que la medida podría acelerar la búsqueda de acuerdos alternativos entre economías afectadas, en desmedro del rol de Estados Unidos como socio comercial central.
Otro frente de objeciones, más acotado, apunta a pedidos concretos de exclusiones de productos o de tasas más bajas antes que al rechazo total de la medida. Buena parte de los comentarios presentados se concentraron en la lista de exclusiones del Anexo A —que ya contempla rubros como energía, tierras raras y otros metales, carne, café, ciertas frutas y verduras, productos farmacéuticos, químicos orgánicos y partes aeroespaciales— y en el diseño del mecanismo textil, que permitiría el ingreso de un volumen determinado de indumentaria a una tasa reducida en función de las compras de insumos textiles estadounidenses.
La USTR también recibió críticas por aplicar la misma tasa de 12,5% a economías con perfiles de riesgo muy distintos entre sí, como China, Japón, Australia, Noruega y Suiza, sin distinguir la escala ni la magnitud del problema de trabajo forzado en cada una. El cuestionamiento sostiene que un esquema basado únicamente en si un país prohíbe o fiscaliza las importaciones, sin ponderar el riesgo estructural de trabajo forzado dentro de su propio aparato productivo, diluye el incentivo que la medida dice perseguir.
La definición final de los aranceles quedará en manos del Comité de la Sección 301 tras las audiencias de estos días y una ronda adicional de comentarios de réplica. La administración Trump busca tenerlos listos antes del 24 de julio, fecha en que vence el arancel global del 10% dispuesto bajo la Sección 122, la vía que utilizó tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó sus aranceles recíprocos originales.
