América Latina y el Caribe tienen un problema de conexión que va mucho más allá de los kilómetros de asfalto. No se trata solo de cuántas rutas existen o cuántos contenedores pasan por sus puertos, sino de algo más difícil de resolver: la incapacidad crónica de hacer que los distintos modos de transporte funcionen como un sistema integrado. Esa fragmentación tiene un costo real, cotidiano y silencioso que se traduce en comercio más caro, cadenas productivas más frágiles y territorios que permanecen al margen de la economía formal.
El diagnóstico surge del 9no. Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El documento reconoce avances en materia de infraestructura sostenible, pero los califica de parciales e insuficientes, y coloca en el centro del problema la débil articulación multimodal de los sistemas de transporte regionales, agravada por brechas territoriales persistentes y déficits de información que dificultan la planificación estratégica.
En el sector marítimo, que moviliza cerca del 80 por ciento del comercio mundial de bienes en términos de volumen, los números muestran una recuperación real tras el impacto de la pandemia. El tráfico portuario de contenedores pasó de 53 millones de TEUs en 2020 a 60 millones en 2021, estabilizándose en 59 millones en 2023. El volumen total de bienes transportados por vía marítima se acercó ese mismo año a los 2 millones de toneladas métricas, rozando los niveles previos al Covid-19. Son cifras alentadoras, pero que ocultan desequilibrios estructurales que el propio informe no evita señalar.
El transporte de carga terrestre también creció, aunque de manera moderada, pasando de 5,1 a 5,4 billones de toneladas-kilómetro entre 2019 y 2022, con una dependencia marcada del modo vial que refleja la histórica debilidad ferroviaria de la región. El transporte aéreo, pese a su dinamismo relativo, sigue siendo marginal en términos de volumen total movilizado. En el segmento de pasajeros, la recuperación pospandémica avanza a dos velocidades: el movimiento general alcanzó los 3,8 billones de pasajeros-kilómetro en 2022, todavía por debajo de los registros prepandemia, mientras que la aviación comercial ya supera esos niveles en todas las subregiones, evidenciando una reactivación más vigorosa en ese segmento.
Detrás de estos promedios regionales se esconden disparidades que definen realidades radicalmente distintas. En infraestructura vial, la brecha entre países es abismal: mientras algunos superan el 90 por ciento de pavimentación, otros apenas llegan al 20. La situación se agrava en zonas rurales, donde el acceso a caminos transitables durante todo el año sigue siendo una excepción. En el Paraguay rural, el 58 por ciento de la población vive a más de dos kilómetros de una carretera en condiciones mínimas de uso; en Perú, esa cifra trepa al 63 por ciento. Son números que no hablan de logística sino de exclusión.
El problema central que identifica la CEPAL no es, sin embargo, la cantidad de infraestructura existente sino la forma en que esa infraestructura no se comunica. La región presenta una escasa articulación entre los distintos modos de transporte y una fragmentación sistémica que reduce la eficiencia logística, encarece el comercio y debilita tanto la integración regional como el desarrollo de cadenas de valor capaces de resistir perturbaciones externas. En otras palabras: no es que falten puertos, rutas o aeropuertos de manera aislada, sino que lo que existe no funciona como un conjunto coherente.
Frente a este diagnóstico, el informe destaca algunas iniciativas que apuntan en la dirección correcta. El programa Rutas de Integración Sudamericana, impulsado por Brasil, busca fortalecer corredores logísticos mediante la integración de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y portuaria, incorporando además criterios de resiliencia climática y coordinación transfronteriza. El objetivo declarado es reducir costos logísticos, mejorar la conectividad territorial y fortalecer la integración productiva regional, tres metas que en la práctica son inseparables.
La conclusión de la CEPAL es clara y merece ser tomada como lo que es: una advertencia sobre costos de oportunidad que se acumulan año a año. Avanzar hacia una infraestructura de transporte más integrada, sostenible y resiliente no es solo una condición para mejorar la competitividad comercial de la región. Es también una condición para que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para los territorios y las poblaciones que hoy quedan fuera del mapa logístico. Sin esa integración, la Agenda 2030 seguirá siendo, para buena parte de América Latina y el Caribe, un horizonte que se desplaza antes de que sea posible alcanzarlo.
