El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT, por sus siglas en inglés) un escrito en el que sostiene que el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no tiene incidencia sobre la facultad del Ejecutivo para eliminar el tratamiento de minimis a las importaciones de bajo valor.
La posición del gobierno llega en medio de un litigio que cobró impulso propio tras la histórica decisión del máximo tribunal. Pero lo que quedó en el limbo fue la suerte del régimen de minimis, la exención aduanera que durante años permitió el ingreso libre de aranceles de envíos con un valor minorista inferior a 800 dólares por persona y por día. El gobierno de Trump había suspendido esa exención mediante órdenes ejecutivas que invocaban precisamente la IEEPA como fundamento jurídico, y el mismo día que la Corte emitió su fallo, el presidente firmó una nueva orden ejecutiva —denominada «Continuación de la suspensión del tratamiento de minimis libre de aranceles para todos los países»— para sostener la eliminación del beneficio bajo otras bases legales.
El gobierno, sostiene que la decisión del máximo tribunal sólo limita la capacidad presidencial de imponer aranceles bajo la IEEPA, pero no restringe otras formas de acción ejecutiva. Tras el fallo, la Casa Blanca emitió una nueva proclama apoyándose en la Sección 301 y la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, así como en consideraciones de seguridad nacional y económica, para mantener vigente la suspensión de minimis. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró que «el presidente ha ejercido legalmente los poderes que el Congreso le otorgó para suspender las exenciones de minimis» y que la administración defenderá ese criterio.
La pregunta central que deberá responder el CIT es si rescatar el régimen de minimis equivale o no a imponer un arancel. La respuesta no es sencilla: aunque la Corte Suprema fue contundente al limitar el alcance de la IEEPA en materia tributaria, no se pronunció sobre la autoridad del Ejecutivo para suspender exenciones estatutarias por vías alternativas.
El escenario legislativo agrega otra capa de complejidad. La «Ley One Big Beautiful Bill», impulsada por los republicanos y aprobada en junio de 2025, incluyó una disposición que elimina el régimen de minimis, pero fijó su vigencia hasta julio de 2027 para dar tiempo a las empresas a adaptarse. Detroit Axle argumenta que esa decisión del Congreso demuestra que el Legislativo optó deliberadamente por mantener la exención temporalmente, sin habilitar al Ejecutivo a suprimirla de manera unilateral e inmediata. En paralelo, una propuesta legislativa presentada en febrero busca crear un nuevo canal para que los envíos de bajo valor ingresen libres de aranceles.
El caso avanza en un contexto de enorme incertidumbre para los importadores. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia recaudó más de 1.000 millones de dólares en aranceles sobre envíos que habrían calificado para la exención. A nivel más amplio, el juez Richard Eaton, encargado del proceso de devolución de los aproximadamente 165.000 millones de dólares en aranceles de la IEEPA declarados ilegales, advirtió que el reloj corre y que los intereses sobre esos montos se acumulan a un ritmo de unos 650 millones de dólares por mes.
La administración busca nuevos andamiajes legales para sostener una política arancelaria que la Corte desmanteló en su fundamento original.
