Las barreras al comercio internacional impuestas bajo el argumento de la seguridad nacional casi se triplicaron en la última década. Entre 2015 y 2025, los gobiernos pasaron de aplicar alrededor de un centenar de restricciones de este tipo a rozar las 300, según el último informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El salto refleja un cambio de fondo en las prioridades de las principales potencias: Estados Unidos, China y la Unión Europea recurren cada vez con más frecuencia a controles sobre importaciones y exportaciones para proteger sectores que consideran estratégicos, desde los semiconductores y los minerales críticos hasta las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.
La guerra en Ucrania, la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín y las interrupciones de las cadenas de suministro durante la pandemia expusieron hasta qué punto un puñado de economías concentra la producción de bienes esenciales. Lo que durante años se presentó como una virtud de la globalización —que cada país se especializara en aquello que produce de forma más eficiente— hoy es visto por buena parte de los gobiernos como un riesgo de seguridad que justifica intervenir el comercio.
Semiconductores y minerales críticos, en el centro de la disputa
El caso de los semiconductores ilustra bien el fenómeno: cinco economías —China, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos— concentran alrededor de tres cuartas partes de la producción mundial de un insumo del que depende casi toda la tecnología moderna, desde automóviles y centros de datos hasta sistemas de uso militar. Algo similar ocurre con varias de las materias primas necesarias para la transición energética y las tecnologías de punta: la producción está tan concentrada que, en cada mercado, el país líder controla más de la mitad de la oferta mundial. Australia domina el litio y la República Democrática del Congo el cobalto, mientras que China concentra más de la mitad de la producción mundial de tierras raras y grafito, y supera el 90% en el caso del galio.
Esa concentración, sumada a la posición dominante de China en varios de estos mercados, llevó a las potencias rivales a calificar la dependencia comercial como un riesgo de seguridad nacional. Como consecuencia, en la última década se multiplicó la invocación del artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que habilita excepciones a las reglas comerciales por motivos de seguridad. Estados Unidos ocupa un lugar central en esta dinámica: es una de las siete economías que concentran casi dos tercios de todas las medidas antidumping del mundo, y la actual administración republicana impuso restricciones a sectores como el acero y el aluminio invocando el interés nacional, lo que derivó en disputas ante la propia OMC.
La respuesta europea: más blindaje y mecanismos alternativos
La Unión Europea respondió a este proceso de fragmentación reforzando la protección de su propio mercado y, en paralelo, buscando vías de cooperación internacional. Según el informe de la OMC, Bruselas recurre con frecuencia —en más de la mitad de los casos que involucran a la Unión— a medidas antidumping para proteger a sus empresas de productos extranjeros vendidos por debajo de un precio considerado justo, o cuando detecta que el Estado del país de origen distorsionó el mercado. En 2020, además, impulsó la creación del Acuerdo de Arbitraje de Apelación Interino Multipartito, un mecanismo para resolver disputas comerciales cuando no funciona el órgano de apelaciones de la OMC. Hacia mediados de 2026, este esquema paralelo sumaba 34 participantes y cubría cerca del 36% del comercio mundial de mercancías.
El propio organismo multilateral admite que cuanto más se recurre a la cláusula de seguridad nacional, menos margen tiene para garantizar condiciones parejas de competencia entre los países. La OMC advierte que el equilibrio entre las preocupaciones de seguridad y un sistema de comercio basado en normas comunes es cada vez más difícil de sostener a medida que se expanden las políticas motivadas por la seguridad, y señala que las medidas comerciales de este tipo que restringen el comercio, discriminan entre socios o favorecen a empresas locales generan reclamos recurrentes de los países miembros en los distintos órganos de la organización. El informe registra, de hecho, un repunte de las disputas vinculadas a este tipo de restricciones, aunque no precisa una cifra exacta.
Un sistema multilateral cada vez más debilitado
El auge del proteccionismo ayuda a explicar el freno en el crecimiento del comercio mundial: entre 1995 y 2008 el intercambio internacional creció a un ritmo anual cercano al 6%, pero desde la crisis financiera de 2008 esa tasa cayó a apenas el 2%. A la vez, crece el número de países que incumplen sus obligaciones de transparencia comercial. Entre 2015 y 2024, sólo el 59% de los miembros de la OMC notificó sus programas de subsidios según lo exigen las normas, y el 77% de esas notificaciones llegó con un atraso promedio superior al año.
La propia institución muestra señales de desgaste. Su órgano de apelaciones permanece paralizado desde fines de 2019, después de que Estados Unidos bloqueara el nombramiento de nuevos jueces, lo que dejó sin resolver, hasta la fecha, 35 apelaciones pendientes. Las proyecciones del organismo hacia 2050 no son alentadoras: si el comercio mundial continúa dividiéndose en bloques geopolíticos, el PBI global podría caer más de un 5% y las exportaciones, más de un 18%. En un escenario aún más fragmentado, basado en acuerdos bilaterales en lugar de un marco comercial común, la caída llegaría a casi 7% del PBI mundial y 27% de las exportaciones. La dinámica inversa —una mayor cooperación comercial— podría sumar hasta un 3% al crecimiento global y un 18% al comercio.
