Las ciudades siempre han competido entre sí. Lo que ha cambiado no es el impulso, sino su objeto. Durante siglos, la disputa giró en torno al control de recursos naturales: puertos, ríos, rutas comerciales. Hoy, los activos más codiciados son intangibles: el capital humano altamente calificado y el capital financiero que lo sigue. En ese contexto, la infraestructura no es simplemente una condición de base, sino el factor diferencial que determina si una ciudad puede participar, o no, en las ligas de mayor peso.
El argumento de fondo es claro: las ciudades globales se construyen a partir de políticas con visión de largo plazo que mejoran la cantidad y la calidad de sus servicios. Transporte, conectividad digital, vivienda, educación y salud no son variables secundarias, sino los corredores por los que fluyen trabajadores, conocimiento y bienes. Una ciudad que no puede mover a su gente con eficiencia, ni alojar a los que llegan, ni ofrecer condiciones básicas de reproducción social, pierde posiciones en la carrera antes de siquiera disputarla.
Sin embargo, la competencia tiene sus costos, y a veces sus víctimas son los propios ciudadanos. El riesgo de construir «atractivo urbano» a cualquier precio —elevando precios del suelo, desplazando a residentes históricos, diseñando la ciudad para el turista o el ejecutivo y no para quien la habita— es que la lógica del posicionamiento reemplace a la lógica del servicio público. En ese punto, el paradigma debería invertirse: de atraer a retener. No basta con captar talento si las condiciones de vida terminan expulsándolo.
La distinción importa porque las estrategias de «marca ciudad» pueden generar ganancias de corto plazo —congresos internacionales, sedes de empresas tecnológicas, flujos turísticos récord— sin resolver los problemas estructurales que erosionan la cohesión interna. Cuando el aumento del costo de vida supera el crecimiento del ingreso de la mayoría, o cuando la infraestructura de calidad queda circunscripta a ciertos barrios o perfiles socioeconómicos, la competitividad urbana se convierte en un vector de desigualdad.
A esto se suma un problema de escala institucional. Las ciudades enfrentan desafíos crecientes —migración, cambio climático, digitalización, crisis de vivienda— pero su margen de acción está estructuralmente acotado por el nivel de delegación que los gobiernos nacionales están dispuestos a otorgar. En muchos países, las ciudades más dinámicas son también las más frustradas: tienen diagnósticos claros pero instrumentos insuficientes. La brecha entre la ambición de las metrópolis y las competencias formales que ejercen es uno de los puntos de tensión más relevantes del debate sobre gobernanza contemporánea.
El interrogante que emerge, entonces, no es solo cómo competir mejor, sino si el marco competitivo es el más adecuado para abordar los desafíos que se avecinan. Frente a amenazas que no respetan fronteras administrativas —pandemias, crisis climáticas, disrupciones tecnológicas— la cooperación entre ciudades puede ser tan estratégica como la rivalidad. Redes como C40, ICLEI o la coalición de ciudades por el clima apuntan en esa dirección: la acumulación de poder de agenda a través de la acción colectiva.
El horizonte que se dibuja es, en todo caso, complejo. Las ciudades globales del siglo XXI tendrán que ser lo suficientemente competitivas como para atraer los recursos que financian su desarrollo, y lo suficientemente cooperativas como para enfrentar lo que ninguna puede resolver sola. Tendrán que ser ambiciosas en infraestructura sin sacrificar habitabilidad, y abiertas al mundo sin volverse inaccesibles para quienes ya las habitan. Navegar esa tensión —sin resolverla de manera forzada— puede ser la verdadera medida de su madurez como actores globales.
