La Unión Europea puso en marcha la transformación más profunda de su régimen aduanero desde el nacimiento de la unión aduanera, en 1968. El Reglamento (UE) 2026/2108, aprobado el 16 de septiembre y publicado en el Diario Oficial de la UE el día 19, reemplaza al código vigente desde 2013 y cambia la lógica de fondo del control de mercancías: el eje deja de ser la declaración presentada operación por operación y pasa a ser un flujo continuo de datos compartidos entre empresas y administraciones.
El alcance de la reforma fue analizado a comienzos de noviembre por la cúpula del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria española en un encuentro virtual que convocó a más de 1.700 empresas, una cifra que refleja la inquietud del sector privado ante un cambio que obligará a rediseñar procesos, sistemas y responsabilidades a lo largo de toda la cadena logística.
Una autoridad común para un sistema fragmentado
El punto de partida es un diagnóstico que la Comisión Europea encargó en 2021 a un grupo de expertos: la explosión del comercio electrónico y la convivencia de 27 administraciones con criterios dispares habían dejado a la unión aduanera expuesta a la fragmentación y a la falta de uniformidad.
La respuesta es la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA), que tendrá sede en Lille y empezará a funcionar en 2027. No sustituirá a las aduanas nacionales, que conservarán la ejecución diaria de los controles, sino que actuará como una capa superior de coordinación: hará el análisis de riesgos a escala comunitaria —una función que hoy nadie cubre—, propondrá controles, coordinará actuaciones conjuntas y tendrá a su cargo el desarrollo del pilar tecnológico de la reforma.
Del formulario a la plataforma de datos
Ese pilar es el EU Customs Data Hub, una plataforma centralizada que reemplazará a los 111 sistemas informáticos nacionales que hoy conviven en el bloque. La subdirectora general de Gestión Aduanera, María González, lo describió como el fin de las declaraciones aduaneras tal como se las conoce: en su lugar, los operadores cargarán la información una sola vez y podrán reutilizarla en distintas operaciones.
La secuencia también se invierte. Será el importador —que deberá estar establecido en la UE— quien abra el expediente en la plataforma apenas sepa que una mercadería ingresará al territorio comunitario; transportistas, depósitos y demás intervinientes irán completando los datos. El objetivo es contar con una visión integral de cada envío para evaluar el riesgo sobre el conjunto y no sobre piezas aisladas.
La adopción será escalonada y buena parte del código recién se aplicará tras un período de adaptación de doce meses. Además, muchos aspectos operativos todavía dependen de actos delegados y de ejecución que la Comisión debe aprobar.
Más beneficios a cambio de más transparencia
La reforma redefine el vínculo entre aduanas y empresas con el Operador de Confianza Certificado (Trust and Check Trader), una evolución del actual Operador Económico Autorizado (OEA) dirigida a importadores, exportadores y representantes indirectos. La condición central será abrir a la aduana sus sistemas electrónicos con datos logísticos, comerciales y aduaneros prácticamente en tiempo real. A cambio, accederán a ventajas de mayor peso, entre ellas el autolevante de la mercadería.
Las dos figuras convivirán. España defendió durante la negociación la continuidad del OEA por entender que las exigencias del nuevo estatus resultaban difíciles de cumplir para las pymes. Así, el OEA seguirá disponible para transportistas, depositarios y otros eslabones de la cadena, mientras que la nueva categoría quedará reservada a los actores centrales de la importación y la exportación capaces de ofrecer ese nivel de trazabilidad.
El comercio electrónico, primer campo de prueba
Las ventas a distancia B2C son el frente donde los cambios ya se sienten. Desde el 1 de noviembre rige una tasa de gestión de la Unión de 2 euros por ítem para todas las importaciones de este tipo, sin importar su valor, fijada por el Reglamento Delegado (UE) 2026/2152. Se suma al derecho fijo transitorio de 3 euros que desde julio grava los envíos de hasta 150 euros y que terminó con la histórica exención para paquetes de bajo valor. Según detalló el inspector coordinador Pablo Gil, también pasó a ser obligatorio el identificador de producto, un conjunto de códigos que refuerza el control de prohibiciones y restricciones.
La escala del fenómeno explica la urgencia: en 2024 ingresaron a la UE unos 4.600 millones de envíos de bajo valor, casi el doble que un año antes, y alrededor del 91% provino de China. Cuando el Data Hub empiece a operar para este segmento, en julio de 2028, el derecho fijo dará paso a los aranceles ordinarios y la responsabilidad como importador en las ventas a distancia pasará del consumidor final a las plataformas y proveedores.
Sanciones armonizadas y protocolos ante crisis
El código fija por primera vez un marco común de infracciones y sanciones. Los regímenes sancionadores seguirán siendo nacionales, pero cada Estado miembro deberá tipificar un conjunto mínimo de conductas y respetar criterios comunes de graduación. También nace un mecanismo de gestión de crisis, inspirado en la experiencia de la pandemia, que permitirá activar protocolos comunes —carriles rápidos, perfiles de riesgo específicos— para agilizar el movimiento de bienes esenciales como los equipos de protección.
Con un horizonte que llega a 2034, el desafío para quienes comercian con Europa —incluidos los exportadores del Mercosur, que operan bajo el acuerdo interino con la UE desde mayo— es anticiparse: ordenar sus datos, revisar la integración de sus sistemas con los de sus importadores y definir qué estatus de confianza les conviene alcanzar.
Follow