Para empezar hay que entender que ciertos procesos históricos no se revierten con un cambio de gobierno, una pausa arancelaria o una declaración conjunta del G7.
La hiperglobalización —ese período de expansión acelerada del comercio internacional que caracterizó las últimas tres décadas— llegó a su límite estructural mucho antes de que Trump llegara a la Casa Blanca por segunda vez.
El término hiperglobalización fue acuñado por el economista Dani Rodrik para describir el modelo que dominó la economía mundial desde los años noventa: cadenas de suministro fragmentadas en decenas de países, bienes que cruzaban fronteras múltiples veces antes de llegar al consumidor final, aranceles en mínimos históricos y organismos multilaterales con ambiciones de gobernanza universal. Ese modelo produjo ganancias reales —sacó a cientos de millones de personas de la pobreza en Asia, abarató bienes de consumo en Occidente y generó eficiencias productivas genuinas— pero también acumuló tensiones que terminaron por volverse insostenibles.
La primera grieta apareció mucho antes de 2016. La crisis financiera de 2008 mostró que la integración económica sin arquitectura regulatoria común podía transformar el riesgo local en colapso global en cuestión de semanas. Luego vino la pandemia, que expuso la fragilidad de cadenas de valor estiradas al máximo: cuando una fábrica en Wuhan cerró, los hospitales del mundo entero quedaron sin insumos médicos. La geopolítica hizo el resto: la rivalidad entre Estados Unidos y China convirtió el comercio en un instrumento de competencia estratégica, y la guerra en Ucrania recordó que la interdependencia energética también puede ser un vector de vulnerabilidad.
El fenómeno de fondo es la transición desde un modelo de eficiencia máxima hacia uno de resiliencia mínima garantizada. Las economías —y las empresas— están aprendiendo a valorar la redundancia, la proximidad y el control sobre puntos críticos de sus cadenas productivas. Eso no es libre comercio. Pero tampoco es autarquía. Es un equilibrio diferente, todavía en construcción, que ningún manual tiene del todo mapeado.
Para países como México, esta transición presenta una paradoja. Por un lado, el nearshoring —la relocalización de industrias que buscan proximidad geográfica y política con el mercado norteamericano— representa una oportunidad histórica. Por el otro, esa oportunidad existe precisamente porque el mundo se está desglobalizando: las empresas están reduciendo su exposición a Asia, y México se beneficia de esa retirada. Aprovechar el nuevo orden implica, paradójicamente, aceptar que el viejo ya no existe.
Lo mismo vale para el resto de América Latina. La región construyó buena parte de su estrategia de desarrollo sobre la promesa de la integración comercial abierta. Esa promesa no desaparece del todo, pero cambia de forma. Los acuerdos bilaterales y regionales reemplazarán progresivamente a los marcos multilaterales. Las cadenas de valor se acortarán y regionalizarán. Los sectores estratégicos —energía, semiconductores, minerales críticos, alimentos— quedarán sujetos a lógicas de seguridad nacional que antes eran ajenas al vocabulario del comercio.
Adaptarse a este nuevo mapa requiere abandonar dos ilusiones simétricas: la del libre comercio como destino inevitable de la historia, y la del proteccionismo como respuesta suficiente a sus fracasos. Ni la apertura irrestricta ni el cierre reflexivo resuelven los problemas estructurales que generaron este momento. Lo que queda es algo más complejo y menos satisfactorio: construir política industrial con criterio, negociar con pragmatismo y reconocer que el orden comercial que conocimos no va a volver.
