El 1 de mayo de 2026 entró en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en su modalidad de aplicación provisional interina. Durante meses, el debate público giró en torno a los aranceles agrícolas y los derechos industriales, los capítulos más visibles de cualquier tratado de libre comercio. Pero hay una dimensión del acuerdo que pasó casi desapercibida y que podría resultar más determinante a mediano plazo: su impacto sobre la política de inteligencia artificial de Brasil, el país con mayor peso específico del bloque.
Ese impacto es contradictorio. El acuerdo ofrece a Brasil algo que necesita: un marco jurídico estable para atraer inversión europea en infraestructura tecnológica. Pero omite por completo los temas que definen la competencia en inteligencia artificial: datos de entrenamiento, regulación de modelos fundacionales, estándares técnicos y acceso a mercados digitales. En un sector donde las reglas del juego se escriben ahora mismo, ese silencio tiene consecuencias.
En 2026, el gobierno de Lula presentó un Programa Nacional de Inteligencia Artificial para el período 2026–2030 con inversiones que superan los cinco mil millones de dólares.
Un plan ambicioso que necesita más que aranceles cero
En julio de 2024, Brasil lanzó el Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024–2028, titulado con una declaración de intenciones: «IA para el bien de todos». El documento trazó una hoja de ruta para convertir al país en referencia global en el sector: expansión de centros de datos y capacidad de supercómputo, formación masiva de talento técnico, aplicación de inteligencia artificial a servicios públicos, y creación de un marco regulatorio que garantice el uso ético y transparente de los sistemas automatizados. El presupuesto asignado ronda los cuatro mil millones de dólares para el cuadrienio. En 2026, el gobierno de Lula presentó además un Programa Nacional de Inteligencia Artificial para el período 2026–2030 con inversiones que superan los cinco mil millones de dólares, señal de que la apuesta se amplía antes de que el plan original llegue a su término.
Es una apuesta ambiciosa para una economía que reconoce sus propias limitaciones: capacidad de supercómputo doméstica insuficiente, un mercado privado de inteligencia artificial todavía incipiente, y la mayor parte del talento investigador concentrado en un puñado de instituciones académicas. Concretar estos planes requiere capital extranjero, transferencia tecnológica y acceso preferencial a mercados donde los productos de inteligencia artificial puedan competir. El acuerdo con la Unión Europea, en principio, debería contribuir en esa dirección.
Lo que el acuerdo sí ofrece: infraestructura y minerales
La contribución más concreta del pacto UE-Mercosur al PBIA llega por una vía indirecta: la infraestructura física que la inteligencia artificial necesita para existir. Los centros de datos, los sistemas de supercómputo y los semiconductores dependen de minerales críticos como el litio y las tierras raras, materiales en los que Brasil y Argentina tienen reservas considerables. El acuerdo establece por primera vez un marco jurídico vinculante para el suministro de esos minerales entre América del Sur y Europa, con protecciones a la inversión, mecanismos de resolución de controversias y previsibilidad regulatoria.
A eso se suma una ventaja comparativa genuina de Brasil. La matriz eléctrica brasileña genera aproximadamente el 85% de su energía a partir de fuentes renovables. Para las empresas europeas sometidas a obligaciones crecientes de reporte ambiental y sostenibilidad corporativa, instalar centros de datos en una red eléctrica mayormente descarbonizada tiene valor real, no solo simbólico. Las disposiciones de inversión del acuerdo, pensadas para horizontes de retorno de varias décadas, ofrecen el marco de seguridad jurídica que ese tipo de decisiones requiere.
En otras palabras: si Brasil quiere ser anfitrión de infraestructura tecnológica europea, el acuerdo le facilita ese camino. Pero ser anfitrión de centros de datos no es lo mismo que desarrollar una industria propia de inteligencia artificial.
El silencio que define al acuerdo
El texto del pacto no contiene ningún capítulo de comercio digital. No establece compromisos sobre flujos transfronterizos de datos, no menciona el acceso al código fuente ni la divulgación de algoritmos, y no dice una sola palabra sobre los sistemas de inteligencia artificial como categoría específica. Esa omisión no es accidental: refleja el momento en que se negoció el acuerdo, antes de que la irrupción de los modelos de lenguaje de gran escala pusiera estos temas en el centro del debate comercial global.
El contraste con otros tratados vigentes es llamativo. El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, y las asociaciones digitales que la Unión Europea tiene con Japón, Corea del Sur y Singapur incluyen disposiciones específicas sobre datos, comercio digital y estándares tecnológicos. Brasil, con el acuerdo UE-Mercosur, queda fuera de esa arquitectura.
Las consecuencias son prácticas e inmediatas. Las empresas brasileñas que quieran vender productos o servicios de inteligencia artificial en el mercado europeo no obtienen ninguna garantía de acceso a través de este acuerdo. Su situación depende enteramente de decisiones unilaterales de Bruselas: si Bruselas decide que Brasil cumple con los estándares de adecuación del Reglamento General de Protección de Datos, las empresas brasileñas pueden operar. Si no lo decide, no pueden. Y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que clasifica las aplicaciones por nivel de riesgo y exige certificaciones previas al mercado para las de mayor impacto, se aplica a cualquier sistema cuyos resultados sean usados en territorio europeo, sin importar dónde fue desarrollado.
La trampa de la convergencia regulatoria
La presión para alinearse con los estándares europeos no viene solo del mercado. La Ley General de Protección de Datos de Brasil, sancionada antes de la pandemia, fue diseñada siguiendo el modelo del reglamento europeo. El proyecto de ley de inteligencia artificial que el Congreso brasileño tiene en trámite replica en buena medida la estructura de riesgos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial: aprobado por el Senado en diciembre de 2024, el texto aguarda desde principios de 2025 el dictamen del relator en una comisión especial de la Cámara de Diputados, con expectativas de votación en el primer semestre de 2026, aunque la cercanía del calendario electoral —Brasil elige presidente a finales de año— añade incertidumbre sobre los plazos. La convergencia normativa tiene una lógica política comprensible: facilita la integración comercial con Europa y reduce la fricción para las empresas multinacionales que operan en ambos mercados.
Pero esa convergencia tiene un costo que el debate público brasileño no ha terminado de procesar. El marco regulatorio europeo fue diseñado para economías con empresas tecnológicas grandes y capitalizadas, capaces de absorber los costos de cumplimiento que impone. Japón optó por un camino diferente: adoptó una excepción amplia que permite usar material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial, una decisión que benefició concretamente a su sector tecnológico. Brasil podría explorar un régimen similar, calibrado a su etapa de desarrollo. La convergencia con Europa cierra esa puerta.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial impone a los modelos de propósito general obligaciones de transparencia, pruebas de adversariedad y reporte de consumo energético. Esas exigencias están pensadas para empresas con los recursos de Meta o Mistral. Una startup brasileña desarrollando un modelo en portugués para vigilancia de salud pública o extensión agrícola enfrentaría la misma arquitectura de cumplimiento con una fracción de la capacidad. Incluso la adopción gubernamental de inteligencia artificial en sectores como la administración tributaria o la atención sanitaria podría verse frenada, porque el reglamento clasifica muchas de esas aplicaciones como de alto riesgo y exige evaluaciones de conformidad extensas antes del despliegue.
Socios necesarios, opciones estrechas
Para avanzar en los aspectos del PBIA que el acuerdo UE-Mercosur no cubre, Brasil necesita socios que ofrezcan lo que Europa no puede: acceso a semiconductores de frontera, experiencia en modelos avanzados y acuerdos de servicios digitales con condiciones favorables. Los candidatos naturales son conocidos: Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
El problema es que el socio más obvio, Estados Unidos, es también el más impredecible en este momento. La ausencia de una estrategia coherente para América Latina en la administración actual, sumada a la amenaza arancelaria generalizada y la inestabilidad en la política comercial del Poder Ejecutivo, hace improbable que Washington ofrezca un acuerdo tecnológico comprehensivo a Brasilia en el corto plazo. Brasil no tiene garantías de acceso a semiconductores avanzados ni compromisos vinculantes sobre servicios de inteligencia artificial desde Washington.
China representa una alternativa con capital disponible, pero con condiciones que muchos analistas describen como extractivas y con escasa transparencia en los términos de sus acuerdos tecnológicos. América Latina está siendo empujada a elegir entre el modelo europeo —regulado, predecible y restrictivo— y el modelo chino —capitalizado, opaco y orientado a sus propios intereses estratégicos.
Una arquitectura que todavía no existe
El acuerdo UE-Mercosur es, en muchos aspectos, un logro de largo plazo. Veinte años de negociaciones, finalmente una firma. Para el comercio agrícola, para la inversión en infraestructura, para la estabilidad jurídica de las relaciones entre ambos bloques, su valor es real. Pero para las ambiciones de Brasil en inteligencia artificial, llega negociado en otra era.
Vale señalar que la agenda institucional del bloque ha dado algunas señales de movimiento: en diciembre de 2025, la Cumbre presidencial del Mercosur celebrada en Foz do Iguaçu fue la primera en identificar explícitamente a la inteligencia artificial como área prioritaria de coordinación regional. Es un punto de partida, pero dista de ser la arquitectura que Brasil necesita.
Los planes nacionales de IA —el PBIA 2024–2028 y su extensión hacia 2030— necesitan un complemento diplomático que el acuerdo con la Unión Europea no provee: acceso negociado al mercado europeo para productos de inteligencia artificial brasileños, compromisos sobre datos de entrenamiento que no hipotequen la soberanía regulatoria del país, y socios tecnológicos dispuestos a ofrecer algo más que capital a cambio de materias primas y energía barata.
Construir esa arquitectura será el desafío central de quien ocupe la presidencia de Brasil tras las elecciones de finales de 2026. El tablero geopolítico en el que deberá operar es más complicado que cualquiera que Brasil haya enfrentado en su historia reciente. Las decisiones que se tomen —o se posterguen— en los próximos años determinarán si Brasil participa en la economía de la inteligencia artificial como productor o, nuevamente, como proveedor de insumos.
