China instaló más de 250 gigavatios de capacidad solar en el primer semestre de 2025. Para dimensionar esa cifra: es más de lo que Estados Unidos ha instalado en toda su historia. Alemania, que alguna vez fue el referente mundial en energía solar, tiene instalada la mitad de lo que China montó en seis meses. El resto del planeta, sumado, llegó a la mitad de lo que hizo China en ese mismo período. Y sin embargo, frente a estos números, la respuesta dominante en Occidente no es asombro ni urgencia: es desconfianza.
La capacidad instalada de fabricación solar en China —estimada en unos 1.200 GW anuales a plena marcha— no es excesiva. Es exactamente la escala que el planeta necesita para estabilizar el clima. Según las proyecciones actuales, una transición energética realista requiere instalar entre 700 y 1.000 GW de nueva capacidad solar por año, de forma sostenida. China ya construyó las fábricas para hacerlo. El problema no es la oferta: es que Occidente no sabe qué hacer con ella.
Las fábricas chinas funcionan por debajo de su capacidad no porque la demanda global no exista, sino porque la política internacional la bloquea. Estados Unidos evita importar paneles chinos directamente, redirigiendo el flujo a través de terceros países. Europa tiene una meta de contenido local del 40% para 2030. Mientras tanto, el 95% de los paneles solares que instala Europa vienen de China. La contradicción es flagrante: se necesita la tecnología, se usa la tecnología, pero se legisla como si no se necesitara.
La inversión china en el sector solar a lo largo de los últimos quince años ronda los 50.000 millones de dólares en subsidios estatales —una cifra comparable a la Ley CHIPS de Estados Unidos o a un año de gasto en defensa de Alemania— y produjo una transformación industrial sin precedentes.
El impacto sobre el mundo en desarrollo es donde el debate se vuelve más urgente. Alrededor de 750 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Para ellas, hablar de «exceso de producción» china roza el absurdo. Los datos recientes muestran un salto abrupto en las importaciones de paneles chinos en África, India, Arabia Saudita y Pakistán. En Indonesia, la instalación de una sola fábrica china local disparó la ambición nacional: el objetivo solar del gobierno se multiplicó por seis, a 100 GW. El efecto demostración funciona en cuanto la infraestructura se vuelve accesible.
El trasfondo no es solo energético: es una reorganización del poder global. Mientras Washington impone aranceles y exporta gas natural licuado bajo presión geopolítica, Beijing ofrece energía limpia barata, empleo manufacturero y una hoja de ruta hacia la prosperidad. China también tiene sus contradicciones estructurales, pero el contraste en términos de política climática es difícil de ignorar.
El problema, en definitiva, no es tecnológico ni económico. Los paneles existen, son baratos, y hay quien los necesita con urgencia. El problema es político: una combinación de proteccionismo, desconfianza geopolítica y falta de ambición que convierte un activo histórico en capacidad ociosa. Desperdiciar eso no es una política comercial conservadora. Es una irresponsabilidad civilizatoria.
