Durante años, la Unión Europea optó por la paciencia estratégica frente a China. Diálogo, negociación, apelación a los organismos multilaterales. Pero esa contención tiene cada vez menos defensores dentro del bloque. Cuatro de sus economías más grandes —España, Francia, Italia y los Países Bajos— elevaron recientemente una exigencia conjunta ante Bruselas: hay que endurecer las medidas comerciales contra Pekín, y hay que hacerlo ahora.
El mensaje es contundente. Los cuatro países sostienen que China aplica de forma sistemática prácticas que distorsionan la competencia: subsidios estatales masivos a sectores industriales clave, restricciones de acceso al mercado doméstico para empresas extranjeras, y una política de exportación que inunda los mercados europeos con productos a precios artificialmente bajos. Lo que en el pasado se describía como «asimetrías» o «desequilibrios», hoy recibe un nombre más directo: competencia desleal.
El reclamo se inscribe en un clima de creciente tensión comercial que la propia Comisión Europea ha comenzado a acompañar con acciones concretas. En los últimos meses, Bruselas impuso aranceles de hasta el 45% sobre vehículos eléctricos fabricados en China, argumentando que los productores chinos se benefician de subsidios públicos que les permiten fijar precios por debajo del costo real. La respuesta de Pekín fue inmediata: inició investigaciones antidumping contra exportaciones europeas de cerdo y abrió frentes en sectores como los productos lácteos y el brandy.
La escalada revela la naturaleza del conflicto. No se trata de una disputa puntual sobre un sector, sino de una tensión estructural entre dos modelos económicos. China ha construido una capacidad industrial sin precedentes respaldada por el Estado, mientras que Europa defiende un modelo de mercado abierto que, en la práctica, funciona de forma unilateral: abierto para los productos chinos, cerrado para los europeos en China.
El caso de los dispositivos médicos ilustra bien el problema. La Comisión Europea abrió una investigación formal luego de que Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos reportaran que las políticas de contratación pública en China —conocidas como la estrategia «Buy China»— excluyen sistemáticamente a los proveedores europeos de los contratos gubernamentales. La investigación podría extenderse entre nueve y catorce meses, pero el hecho de que se haya iniciado es, en sí mismo, una señal política.
La posición de los cuatro países que suscribieron el llamado reciente no es idéntica en sus matices. Francia e Italia han sido históricamente más combativas en materia de política industrial y protección de sectores estratégicos. Los Países Bajos, sede europea de la cadena de valor tecnológico, han visto de cerca los riesgos de la dependencia en semiconductores y componentes críticos. España presenta una postura más compleja: el gobierno de Sánchez ha apostado por profundizar el vínculo con Pekín en áreas de inversión y comercio, y se abstuvo en la votación de aranceles a los vehículos eléctricos. Sin embargo, el golpe de los aranceles chinos al sector porcino —del que España es uno de los mayores exportadores europeos hacia China— reconfiguró los incentivos internos.
El debate en Bruselas ya no gira en torno a si actuar, sino a cómo hacerlo sin desencadenar una guerra comercial de consecuencias imprevisibles. La Comisión ha señalado que presentará nuevas herramientas antes de septiembre de 2026 para fortalecer la defensa de la industria europea frente a sobreproducción y prácticas desleales. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, fue explícito en sus declaraciones recientes: la UE defenderá «diente a diente» cada empleo y cada empresa europea ante tratos injustos.
Pero la coherencia interna seguirá siendo el talón de Aquiles del bloque. Con 27 Estados miembros, intereses exportadores divergentes y relaciones bilaterales con China que varían enormemente de un país a otro, alcanzar una posición común no es tarea menor. Alemania, cuya industria automotriz depende del mercado chino, ha sido más reticente a los aranceles. Hungría mantiene una relación abiertamente favorable a Pekín. La geometría política europea hace que cualquier respuesta colectiva deba negociarse en varios frentes simultáneamente.
Lo que el llamado de España, Francia, Italia y los Países Bajos pone sobre la mesa es, en el fondo, una pregunta más amplia: ¿está Europa dispuesta a asumir los costos de corto plazo que implica defender su modelo industrial en el largo plazo? La respuesta que Bruselas logre articular en los próximos meses dirá mucho sobre el tipo de actor global que pretende ser.
