Bruselas prepara un veto europeo a las empresas chinas subsidiadas

La Comisión Europea evalúa que una sola infracción a las reglas sobre subsidios extranjeros alcance para excluir a una compañía de las licitaciones públicas de los 27 Estados miembro.
UE contra la competencia desleal
UE contra la competencia desleal

La Unión Europea se prepara para endurecer de manera sustancial su arsenal contra la competencia que considera desleal. La Comisión Europea analiza una reforma por la cual una empresa extranjera sancionada por violar las normas sobre subsidios en un solo país del bloque quedaría automáticamente inhabilitada para competir en licitaciones públicas de todos los Estados miembro. Aunque la medida no menciona a ningún país en particular, en Bruselas nadie disimula que el principal destinatario son las compañías chinas.

La iniciativa forma parte del paquete que el Ejecutivo comunitario presentaría el 9 de diciembre y apunta a cerrar un resquicio que hoy aprovechan los oferentes sancionados: el llamado shopping dentro del bloque, es decir, la práctica de trasladar la oferta a otro país miembro después de haber sido excluido en uno. Con el cambio, una resolución adversa dejaría de ser un episodio aislado para convertirse en una inhabilitación de alcance continental.

Un instrumento que gana dientes

La herramienta que se busca reforzar es el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, vigente desde 2023. Obliga a quienes se presentan a contratos públicos de más de 250 millones de euros a declarar las contribuciones financieras recibidas de gobiernos de fuera del bloque, siempre que hayan superado los 4 millones de euros en los tres años previos. Con esa información, la Comisión puede investigar si el apoyo estatal permite ofertas artificialmente bajas y, llegado el caso, excluir al postulante.

En sus primeros tres años, casi todas las investigaciones a fondo en materia de compras públicas recayeron sobre empresas chinas. El caso más resonante fue el de CRRC, fabricante ferroviario que terminó apartado de una licitación de trenes ligeros en Lisboa, mientras que proveedores de paneles solares en Rumania y el grupo de equipos de detección Nuctech también quedaron bajo la lupa. Pekín reaccionó en su momento con una investigación propia, en la que acusó a Bruselas de aplicar el reglamento de forma discriminatoria.

Parte de una ofensiva más amplia

El endurecimiento no llega solo. En septiembre, la Comisión presentó un proyecto para reemplazar las tres directivas de contratación pública vigentes desde 2014 por una única ley de aplicación directa en todos los países. El texto habilita a las autoridades a excluir proveedores extranjeros por razones de seguridad cuando estén en juego infraestructura crítica, cadenas de suministro estratégicas o tecnologías clave, y obliga a justificar las ofertas con precios muy por debajo de la competencia.

El telón de fondo es un desequilibrio comercial cada vez más profundo. En 2025 las exportaciones europeas a China cayeron 6,5%, hasta 199.600 millones de euros, mientras que las importaciones subieron 6,4%, a 559.400 millones de euros, lo que dejó un déficit cercano a 360.000 millones de euros. En el primer trimestre de 2026 el saldo negativo trepó a 98.000 millones de euros, el mayor registro trimestral desde 2022.

La respuesta de Pekín y las dudas internas

Del lado chino, la reacción fue inmediata. Académicos de universidades de Shanghái y Pekín advirtieron que convertir una sanción nacional en una exclusión europea transforma remedios puntuales en un mecanismo de exclusión sistemática y que el verdadero desafío del bloque es recuperar su propia competitividad, no cerrarse. La cancillería china, por su parte, ya había pedido a Bruselas respetar las reglas de la Organización Mundial del Comercio y evitar medidas discriminatorias, y destacó el mecanismo bilateral de consultas sobre comercio e inversión, cuya próxima reunión está prevista para marzo de 2027.

Dentro de la Unión tampoco hay unanimidad. Italia, Países Bajos y Lituania reclaman herramientas más duras, como aranceles, cuotas y restricciones en las cadenas de suministro, para reducir la dependencia de China. Otras capitales, en cambio, advierten que dejar afuera a los proveedores más baratos puede encarecer hospitales, ferrocarriles y sistemas digitales en un momento de presupuestos ajustados. A eso se suman las asociaciones empresarias, que venían pidiendo simplificar un régimen que consideran costoso y burocrático.

La propuesta deberá atravesar luego el Parlamento Europeo y el Consejo, un recorrido que suele demorar meses. Pero la señal política ya está dada: Bruselas pasó de investigar caso por caso a construir un cerco común, y la contratación pública se consolida como uno de los frentes centrales de la disputa económica con Pekín.

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