Brasil atraviesa el ciclo de inversión en infraestructura más intenso de su historia reciente. El motor es un programa de concesiones y asociaciones público-privadas (APP) que desde 2023 viene adjudicando contratos de largo plazo en transporte, saneamiento, energía y puertos. Pero detrás de los montos récord aparece un límite: los recursos fiscales y el ahorro doméstico no alcanzan para cerrar la brecha estructural del país. Eso convierte al capital internacional en una pieza indispensable del plan.
Una cartera de contratos sin precedentes
Las rutas fueron el segmento más dinámico. Desde 2023 se licitaron 24 lotes de autopistas, con inversiones comprometidas por 268.500 millones de reales a 30 años. En saneamiento básico, el Nuevo Marco Legal de 2020 destrabó contratos por 227.500 millones de reales y, por primera vez, convirtió al sector privado en el principal inversor del área. Las subastas de líneas de transmisión eléctrica superaron los 70.000 millones de reales, mientras que el sector portuario comprometió 15.680 millones de reales y tiene otras 34 licitaciones previstas hasta 2030.
Una política de Estado, con los trenes rezagados
El programa se presenta como una política de largo plazo, con un consenso que excede a los ciclos electorales. El ministro de Transportes, George Santoro, aseguró que su cartera dejará un portafolio amplio de proyectos ya estructurados para el próximo gobierno y definió el plan como una acción de Estado más que de una gestión. Desde el sector financiero, Itaú BBA también lo describe como una agenda que no responde a un partido.
El ritmo, sin embargo, es desigual. El segmento ferroviario acumula demoras: de los ocho concursos previstos para 2026, solo uno tiene fecha confirmada, y otros proyectos clave se pasaron a 2027 para hacer ajustes técnicos y regulatorios ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Para el año próximo, el Ministerio de Transportes prevé licitar 18 proyectos ferroviarios y 11 contratos viales, con una inversión estimada en 262.600 millones de reales.
Récord nominal, brecha estructural
Según la consultora Inter.B, la inversión total en infraestructura cerrará 2026 en 304.250 millones de reales, equivalente al 2,27% del PBI. Es un máximo en términos nominales, pero en relación con el tamaño de la economía apenas iguala el nivel de 2024 y queda muy lejos del 4,65% anual que, según la misma consultora, haría falta durante dos décadas para alcanzar una dotación de infraestructura adecuada. La Asociación Brasilera de Infraestrutura e Industrias de Base (Abdib) agrega otro dato: buena parte de lo que se invierte apenas compensa la depreciación de los activos existentes. El sector privado ya aporta más del 70% del total.
Para Claudio Frischtak, socio fundador de Inter.B, el país no cuenta ni con espacio fiscal ni con ahorro interno suficientes para sostener la expansión, por lo que deberá atraer capital del exterior. Eso pone el foco en los grandes grupos internacionales de construcción y concesiones, entre ellos los europeos —con fuerte presencia de empresas españolas—, que tienen la experiencia y el respaldo financiero que exigen proyectos de esta escala.
El propio Frischtak marca condiciones. Para atraer de forma masiva a fondos de pensión y aseguradoras globales, Brasil necesita mejorar su clima de negocios, avanzar en su ingreso a la OCDE y recuperar el grado de inversión de las calificadoras. Hasta ahora, la participación extranjera en las debentures de infraestructura —los bonos con beneficio fiscal que financian estos proyectos— fue marginal: entre el 1% y el 3% de lo emitido.
Tasas altas y un BNDES más activo
El contexto financiero tampoco ayuda. Tras el récord de 2025, la emisión de debentures incentivadas cayó un 30,5% interanual entre enero y septiembre de 2026, hasta 79.100 millones de reales, según la Anbima. Agosto marcó el volumen mensual más bajo desde 2019. Desde Itaú BBA atribuyen la retracción a la menor cantidad de licitaciones del año y a una tasa Selic cercana al 14%, que vuelve más atractivos los títulos públicos que la deuda corporativa.
En ese vacío ganó protagonismo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En el primer semestre de 2026, sus aprobaciones de crédito para infraestructura sumaron 46.000 millones de reales, un 91% más que un año antes. Desde la Abdib, su presidente, Venilton Tadini, sostiene que el próximo tramo exigirá esquemas de financiamiento más flexibles que combinen capital público y privado, sobre todo en obras complejas y de maduración lenta, como los ferrocarriles.
Para la región, el desenlace no es indiferente. Una red brasileña de rutas, trenes y puertos más eficiente reduce costos logísticos para el comercio del Mercosur y fortalece los corredores bioceánicos en desarrollo.
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