El Gobierno de Bolivia avanza en una reforma integral del marco jurídico del sector energético con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras en hidrocarburos, electricidad, litio y energías renovables, informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco Quintanilla. En una rueda de prensa, el funcionario explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a reactivar sectores considerados clave para la economía del país.
Blanco Quintanilla detalló que la reforma contempla cinco proyectos de ley que reemplazarán buena parte de la normativa vigente, con el fin de adecuar el sector a las nuevas condiciones del mercado energético y a los desafíos de la transición hacia una matriz más diversificada. «La intención del Gobierno del presidente Rodrigo Paz es crear un nuevo marco jurídico para llevar a la patria a otro destino y no seguir rezagados. Tenemos que crear una nueva Ley de Hidrocarburos, una nueva Ley de Electricidad, una nueva Ley de Inversiones, una nueva Ley del Litio y una nueva Ley de Energías Verdes», expuso el ministro.
Según el funcionario, la reforma busca mayor seguridad jurídica y competitividad, además de crear condiciones que incentiven inversiones en exploración, producción, industrialización y generación de energía, en el marco de una estrategia de largo plazo para impulsar el crecimiento económico mediante una mayor participación privada en sectores estratégicos.
Una reforma que responde a una crisis gasífera de fondo
El anuncio se produce en un contexto de fuerte deterioro del sector hidrocarburífero boliviano. Según los últimos estados financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas certificadas de gas natural cayeron a alrededor de 4 billones de pies cúbicos, frente a los 10,45 billones registrados en 2013, lo que representa una pérdida cercana al 57% en poco más de una década. La producción anual del país equivale hoy a apenas el 10% de esa base disponible, un ritmo que, de no mediar nuevos hallazgos, dejaría a los yacimientos bolivianos con una década de vida útil.
La caída de las reservas ya golpea la capacidad exportadora hacia Brasil y Argentina, sus dos principales clientes históricos, y amenaza incluso el abastecimiento del mercado interno. Bolivia importa actualmente cerca del 90% del diésel y la mitad de la gasolina que consume, y proyecciones oficiales anticipan que el país podría convertirse en importador neto de gas natural hacia 2028 o 2029 si la tendencia no se revierte. La exploración de nuevos campos demanda entre cinco y ocho años, lo que explica la urgencia del Ejecutivo por modificar el marco normativo que rige al sector desde hace dos décadas.
El litio, la otra apuesta postergada
La nueva Ley del Litio apunta a destrabar un recurso que Bolivia arrastra hace más de diez años sin lograr industrializar a escala. El país concentra, según estimaciones internacionales, una porción significativa de las reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni, pero continúa rezagado frente a Chile y Argentina en su explotación comercial, en parte porque la composición de sus salmueras exige tecnologías de extracción directa más costosas que la evaporación solar utilizada por sus vecinos. En los últimos dos años el país firmó contratos con empresas rusas y chinas para instalar plantas de extracción directa de litio, además de acuerdos de exploración con firmas europeas y argentinas en salares menores de Oruro y Potosí, aunque varios de esos convenios continúan a la espera de aprobación legislativa.
Un paquete de leyes que se hizo esperar
El anuncio se suma a compromisos que el Gobierno de Paz había asumido desde el inicio de su gestión, en abril, cuando el propio Blanco Quintanilla asumió el ministerio con el mandato de socializar y promulgar con celeridad una nueva ley de hidrocarburos. La presentación formal del paquete normativo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional se había postergado en más de una ocasión, en un contexto de bloqueos y protestas que llegaron a paralizar parte de la economía y el comercio exterior boliviano durante los primeros meses del año. El Ejecutivo sostiene que las nuevas leyes buscan establecer un marco equilibrado que garantice beneficios tanto para el Estado como para las compañías privadas, en momentos en que mantiene conversaciones con operadoras que ya trabajan en el país y con otras interesadas en ingresar al mercado boliviano.
