La Casa Blanca encontró una nueva vía para restaurar su régimen arancelario: invocar la lucha contra el trabajo forzado como justificación legal para gravar a casi todos sus socios comerciales. La maniobra, que los críticos califican abiertamente de pretexto, es la respuesta directa a la derrota judicial que sufrió la administración en febrero pasado.
El 24 de febrero de 2026, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles de emergencia impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Desde entonces, la administración buscó reconstruir su política arancelaria a través de una expansión masiva de investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El 2 de junio, la Oficina del Representante de Comercio (USTR) publicó sus conclusiones en 60 investigaciones abiertas contra economías que, según Washington, no imponen ni aplican eficazmente una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado. La propuesta contempla aranceles adicionales del 10% sobre las importaciones de Canadá, la Unión Europea, México, la Argentina, el Reino Unido y otros socios, y del 12,5% para las 45 economías restantes, entre ellas China, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.
La justificación no convenció a los afectados. Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, calificó los resultados de «absolutamente absurdos», en referencia a que la UE aprobó en 2024 su propia ley para prohibir importaciones fabricadas con trabajo forzado. «La impresión que se va generando es que primero se busca la medida arancelaria y luego se le encuentra la justificación legal adecuada», señaló.
Los analistas comparten ese diagnóstico. Inu Manak, experta en comercio del Council on Foreign Relations, advirtió que el mecanismo «pone en manos de la USTR la facultad de determinar si se cumplen o no sus exigencias, lo que lo vuelve completamente subjetivo y arbitrario», y cuestionó la lógica de fondo: «¿Por qué no apuntar específicamente a los productos donde existe trabajo forzado? Parece una solución en busca de un problema».
El calendario tampoco es casual. La administración mantiene en vigor un recargo transitorio del 10% sobre todas las importaciones bajo la Sección 122 de la misma ley, pero esa autoridad vence el 24 de julio salvo que el Congreso la renueve. Las audiencias públicas sobre los nuevos gravámenes están fijadas para el 7 de julio, con comentarios aceptados hasta el 6 de ese mes —una cuenta regresiva diseñada para tener los aranceles listos antes de que expire el mecanismo transitorio.
Para los socios comerciales de Washington, el mensaje es inequívoco: el muro arancelario de Trump no cayó con el fallo judicial. Sólo cambió de argumento.
