El presidente Donald Trump anunció el viernes 26 de junio una nueva amenaza arancelaria de gran alcance: cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales sobre empresas estadounidenses enfrentará de forma inmediata un arancel del 100% sobre la totalidad de los bienes que exporte hacia Estados Unidos. La advertencia fue publicada en su plataforma Truth Social y apuntó de manera explícita a «numerosos países europeos» que, según indicó, se encuentran en etapa avanzada de deliberación para implementar ese tipo de gravamen.
«Por favor, que esta declaración sirva para representar que cualquier país que imponga dicho impuesto será inmediatamente enfrentado con un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América», escribió Trump. El mandatario agregó que la medida entraría en vigor sin demora y que prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial previamente negociado y firmado, ya sea que esté implementado, en proceso de implementación o aún sin ejecutar.
Qué es un impuesto a los servicios digitales y por qué irrita a Washington
Los impuestos a los servicios digitales son gravámenes aplicados por distintos países a empresas que operan en su territorio sin tener presencia física permanente allí y que, por lo tanto, no tributan renta local sobre las ganancias que generan en esos mercados. Por diseño, estas cargas tienden a recaer sobre las plataformas tecnológicas más grandes y consolidadas del mundo, entre ellas Meta, Alphabet —matriz de Google— y Amazon, todas con sede en Estados Unidos.
Más de una docena de países ya han implementado alguna versión de este impuesto. Aproximadamente la mitad de los miembros europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han propuesto, anunciado o puesto en marcha algún esquema de este tipo, según datos de la Tax Foundation.
Para Washington, que estas cargas recaigan mayoritariamente sobre empresas estadounidenses no es una coincidencia sino una política deliberada de discriminación comercial.
La tensión con Europa y el acuerdo comercial en riesgo
La amenaza llega en un momento de particular tensión con el bloque europeo. La Unión Europea y Estados Unidos formalizaron en mayo un acuerdo comercial que fija en el 15% el techo arancelario para la mayoría de las exportaciones europeas hacia el mercado norteamericano. El acuerdo, alcanzado luego de meses de negociaciones que incluyeron la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al campo de golf de Trump en Escocia, excluye explícitamente los impuestos a los servicios digitales, que permanecen como un punto de fricción pendiente entre ambos bloques.
Trump fijó el 4 de julio como fecha límite para que la Unión Europea comience a implementar los términos del acuerdo. La nueva amenaza sobre los impuestos digitales complica ese calendario y reaviva la posibilidad de una escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo, justo cuando el pacto comercial parecía encaminado a estabilizar la relación transatlántica.
Dudas jurídicas sobre la base legal de la medida
La amenaza de Trump choca con un obstáculo institucional de primer orden: la Corte Suprema de Estados Unidos ya anuló previamente el régimen arancelario global del presidente, el que había asignado tasas diferenciadas a prácticamente todos los países del mundo. El tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorgaba al Ejecutivo una autoridad tan amplia y unilateral para imponer aranceles de esa magnitud.
Horas después de ese fallo, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Sin embargo, esa herramienta legal tiene una limitación estructural: los aranceles aplicados bajo esa norma caducan a los 150 días, y cualquier extensión requiere aprobación del Congreso. Resta saber bajo qué estatuto el presidente buscaría ejecutar su nueva amenaza sobre los impuestos digitales y si esa base jurídica resistiría un eventual cuestionamiento judicial.
El gobierno de Estados Unidos ya condujo en el pasado investigaciones arancelarias sobre impuestos a los servicios digitales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, durante el primer mandato de Trump, alcanzando a nueve países de la Unión Europea. Esa vía procesal podría ser nuevamente invocada, aunque su aplicación es más lenta y requiere un proceso formal de investigación antes de que los aranceles puedan activarse.
Un patrón que se repite
La amenaza del viernes no es la primera de este tipo. En agosto de 2025, Trump ya había advertido que los impuestos y regulaciones digitales dirigidos a empresas estadounidenses estaban «diseñados para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense». La reiteración del mensaje en vísperas del plazo del 4 de julio eleva la presión sobre los gobiernos europeos y sugiere que Washington buscará hacer de esta cuestión una condición explícita en cualquier negociación comercial futura.
Para las empresas tecnológicas con operaciones globales, la escalada representa tanto una amenaza como un respaldo. Para los socios comerciales de Estados Unidos que buscan ampliar su base fiscal en la economía digital, el mensaje es inequívoco: gravar a las plataformas tecnológicas estadounidenses tiene un costo arancelario que ahora se mide en términos del 100%.
