Los diez principales países exportadores de granos del mundo despacharon en conjunto 50,5 millones de toneladas durante abril, lo que representó un incremento interanual del 20,3% según cifras de AXSMarine compiladas por BRS Dry Bulk. El desempeño estuvo liderado por la cuenca del Atlántico Sur, donde Brasil y Argentina protagonizaron el mayor crecimiento relativo y absoluto del período.
Brasil consolidó su posición como primer exportador mundial al elevar sus embarques un 18,3%, hasta 17,1 millones de toneladas, aportando cerca de 2,6 millones de toneladas adicionales respecto al mismo mes del año anterior. La performance argentina resultó aún más destacada en términos relativos: sus embarques crecieron un 39,3%, pasando de 4,8 a 6,7 millones de toneladas. Sumados a Estados Unidos —que registró un alza del 14,9% hasta 11,8 millones de toneladas—, estos tres actores del Atlántico concentraron aproximadamente el 70% del volumen total exportado por el grupo de los diez.
El análisis de BRS subraya que el aumento sostenido de los flujos de granos contribuyó a estabilizar un mercado atlántico con señales de fortaleza, en un contexto marcado por ineficiencias logísticas y operacionales que incrementan los tiempos de rotación de los buques y, por lo tanto, la demanda efectiva de tonelaje.
Contrastes regionales: el Mar Negro entre el auge rumano y el colapso ucraniano
El protagonismo sudamericano contrastó con un desempeño más contenido en otras regiones. Australia, principal abastecedor del Pacífico, registró un crecimiento de apenas 0,8%, prácticamente sin variación. En el Mar Negro, en cambio, los resultados fueron dispares. Rumania más que duplicó sus embarques con un alza del 115,5%, llegando a 1,7 millones de toneladas, mientras que Rusia incrementó los suyos en un 54,9%, hasta 3,4 millones de toneladas.
Sin embargo, esos avances no lograron compensar el derrumbe de las exportaciones ucranianas, que cayeron desde 2,03 millones de toneladas a menos de 100.000 toneladas. La cifra ilustra con crudeza el impacto persistente y acumulado de la guerra sobre las cadenas de suministro agrícolas del país, otrora uno de los principales graneros del mundo.
La incógnita arancelaria: Washington en tensión con sus propios exportadores agrícolas
El cuadro general de expansión comercial convive con un clima de creciente incertidumbre política. La administración de Donald Trump impulsa una investigación bajo la denominada Sección 301 destinada a evaluar excesos de capacidad industrial en dieciséis socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, México y Vietnam. La medida ha generado fisuras visibles dentro del propio sector productivo estadounidense: mientras los fabricantes domésticos presionan por aranceles más elevados, los sectores importadores y las organizaciones agrícolas advierten sobre el riesgo de represalias que afecten sus propias exportaciones.
La American Soybean Association fue una de las primeras en pronunciarse. El gremio advirtió que nuevas restricciones arancelarias podrían entorpecer las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín y desencadenar respuestas que afecten directamente las ventas de soja estadounidense al mercado chino. La preocupación no es menor: durante este año, las empresas estatales chinas Sinograin y COFCO adquirieron 12 millones de toneladas de soja norteamericana en el marco de la tregua comercial entre ambas potencias, operaciones que según el informe generaron un impulso significativo para los buques tipo Kamsarmax al densificar las rutas de largo recorrido entre el Golfo de México y los puertos asiáticos.
La asociación amplió sus demandas más allá de la soja. Solicitó además exenciones arancelarias para insumos agrícolas críticos como los fertilizantes —cuyo encarecimiento amenaza la siembra de maíz y la producción futura de trigo de invierno— y expresó inquietud por eventuales gravámenes adicionales sobre compradores clave de sus commodities, en particular Indonesia y México. En un sector donde los márgenes son estrechos y las decisiones de siembra se toman con meses de anticipación, la incertidumbre regulatoria tiene costos reales que ya comienzan a medirse.
