En el marco de la Convención Marítima de las Américas 2026, celebrada en Ciudad de Panamá, el presidente José Raúl Mulino ocupó la tribuna inaugural no para hacer un balance del pasado sino para trazar, con precisión inusual para un acto protocolar, el mapa de inversiones que el Gobierno se ha comprometido a ejecutar en el sector marítimo y logístico. El diagnóstico implícito en cada anuncio es claro: Panamá necesita ampliar su capacidad portuaria, asegurar el agua que mueve el Canal y modernizar el marco legal que regula su marina mercante antes de que la presión de la demanda y las tensiones geopolíticas desborden su infraestructura actual.
Balboa, Cristóbal e isla Margarita: el reordenamiento portuario
El primer bloque de anuncios giró en torno a las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal, las dos terminales de mayor peso estratégico en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal. Mulino fue explícito en despejar cualquier inquietud operativa: ambas instalaciones funcionan con normalidad y serán licitadas por separado mediante un nuevo proceso concesional que, según detalló, incorpora un plan diseñado para garantizar la continuidad operativa durante la transición.
A esos dos procesos se suma la convocatoria a una licitación internacional para la concesión de isla Margarita, que el Gobierno prevé lanzar antes de que concluya el año. El proyecto apunta a incorporar una nueva terminal al sistema portuario panameño en una ubicación con condiciones naturales favorables para el manejo de grandes volúmenes, reforzando la posición del país como hub de redistribución en la cuenca del Caribe.
Corozal, Telfers y 7 millones de TEUs nuevos
El anuncio de mayor impacto en términos de capacidad instalada corresponde a los proyectos portuarios de Corozal y Telfers, ambos bajo la órbita de la Autoridad del Canal de Panamá. Según expuso Mulino, las dos terminales en conjunto agregarán 7 millones de TEUs a la capacidad actual del sistema portuario nacional, una cifra que reposicionaría a Panamá en el ranking de las plataformas logísticas más competitivas del hemisferio occidental.
El gasoducto y el agua: la infraestructura que no se ve pero que todo lo sostiene
Más allá de las terminales portuarias, Mulino anunció dos proyectos que abordan las variables que condicionan la operación del Canal a largo plazo. El primero es un gasoducto que la ACP licitará en el corto plazo y que tiene un objetivo preciso: liberar capacidad de tránsito al reducir el número de buques gaseros que atraviesan la vía interoceánica. La lógica es simple pero de alto impacto: si el gas puede moverse por ducto terrestre, los slots que hoy ocupa pueden destinarse a cargas de mayor valor o a reducir los tiempos de espera en las esclusas.
El segundo proyecto es el reservorio multipropósito del río Indio, impulsado también por la ACP. Su función es doble: garantizar la disponibilidad hídrica necesaria para el funcionamiento de las esclusas del Canal y asegurar el suministro de agua potable a las provincias de Panamá y Colón. La sequía de los últimos años, que obligó a restringir el calado máximo permitido en el Canal y redujo el número de tránsitos diarios, convirtió la gestión del agua en una prioridad estratégica de primer orden para la administración canalera. El río Indio es la respuesta estructural a ese problema.
Marina Mercante, neutralidad y descarbonizaciónEl presidente completó su intervención con tres señales dirigidas a audiencias distintas. Para el sector naviero internacional, reiteró la posición panameña sobre la neutralidad del Canal y defendió el régimen de abanderamiento de naves, uno de los más utilizados del mundo. Para el ámbito legislativo y regulatorio interno, anunció que en julio presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a reorganizar la Marina Mercante, con el objetivo declarado de modernizar su funcionamiento y eliminar capas de burocracia que ralentizan los trámites del sector. Y para el mercado de la descarbonización marítima, presentó el programa Net Zero Slot del Canal de Panamá: una iniciativa que ofrece tránsito expedito, con un plazo máximo garantizado de 24 horas, a los buques que acrediten emisiones bajas o nulas.
