Oracle mantiene una disputa con las autoridades del estado de Wisconsin por los requisitos de garantías colaterales exigidos para un proyecto de centro de datos de gran escala, al considerar que se la obliga de manera injusta a obtener una carta de crédito por miles de millones de dólares. El conflicto involucra al Lighthouse Campus, el complejo de centros de datos de casi 1 gigavatio que la compañía desarrolla en Port Washington, Wisconsin, en sociedad con Vantage y OpenAI, con una inversión estimada en 15.000 millones de dólares.
Los grandes proyectos de centros de datos suelen exigir a sus desarrolladores algún tipo de protección crediticia frente a un eventual incumplimiento de pago a sus proveedores de electricidad: una garantía de la casa matriz para las empresas con calificación crediticia alta, o cartas de crédito para aquellas ubicadas por debajo de determinado umbral. We Energies, la empresa que proveerá energía a la planta de Oracle, había propuesto inicialmente que la compañía pudiera optar solo por una garantía, dado que cuenta con una calificación de grado de inversión BBB otorgada por Fitch.
Un límite más exigente
Sin embargo, la Comisión de Servicio Público de Wisconsin, un organismo regulador independiente, anunció en mayo que esa alternativa solo estaría disponible para compañías con calificación A- o superior. Julia Robin, vicepresidenta de capacidad de infraestructura y abastecimiento de Oracle, sostuvo en una presentación judicial del 10 de junio que la decisión de la Comisión obligaría a la empresa a aportar un colateral de miles de millones de dólares, “casi con certeza” bajo la forma de una carta de crédito, para evitar inmovilizar liquidez en un depósito en efectivo.
“Es poco probable que un solo banco o institución financiera esté dispuesto a otorgar una carta de crédito por el monto exigido bajo las tarifas”, señaló Robin, quien agregó que la compañía probablemente debería recurrir a un consorcio de entidades para reunir en conjunto la garantía requerida. Las primas pagadas a los bancos por ese tipo de instrumento “podrían superar fácilmente los 100 millones de dólares” anuales, indicó, calificando el costo de la exigencia como “significativo y desproporcionado respecto del riesgo que busca mitigar”.
La ejecutiva de Oracle también argumentó que este requisito resultaría “altamente problemático” para otras grandes empresas, al estimar que sólo “un puñado de compañías en el mundo” quedaría exento de las reglas de colateral más estrictas. “La decisión de la Comisión impone uno de los requisitos de respaldo crediticio más rigurosos —si no el más riguroso— que he visto”, afirmó.
Litigio en dos frentes
Los dichos de Robin respaldaron una petición conjunta presentada por Oracle y We Energies para que la Comisión reabra el expediente. En paralelo, Oracle presentó una revisión judicial contra el organismo ante el tribunal de circuito del condado de Ozaukee, en la que sostuvo, en un escrito del 19 de junio, que la decisión de la Comisión carecía tanto de “evidencia sustancial” como de “una base racional”. La demanda agregó que Oracle “ya invirtió miles de millones de dólares” en el proyecto, tras haberse basado en los requisitos financieros inicialmente propuestos por We Energies.
La Comisión aún no ha respondido a la petición de revisión judicial. El organismo había señalado en un comunicado de abril que su decisión fue producto de una “revisión exhaustiva de un año” sobre la solicitud de We Energies, durante la cual organizaciones y miembros de la comunidad “plantearon inquietudes sobre distintos aspectos de la solicitud de la empresa de servicios públicos y su impacto en los clientes existentes”. La comisionada Kristy Nieto había afirmado entonces: “Necesitamos hacer todo lo posible dentro de nuestra jurisdicción para asegurarnos de que los clientes de los centros de datos paguen lo que les corresponde, en forma plena y transparente, y que el resto de los usuarios no resulte perjudicado”.
Defensores de los usuarios, a favor del regulador
La Citizens Utility Board de Wisconsin, que aboga por tarifas de servicios públicos accesibles, respaldó la decisión de la Comisión en una presentación judicial en el mes de junio. La organización argumentó que, si un centro de datos incumpliera sus pagos a su proveedor de electricidad y no existiera un requisito de colateral, ese proveedor no tendría otro recurso que trasladar el costo a sus demás clientes.
Robin había calificado como poco realista un escenario en el que una empresa de grado de inversión “podría entrar en default en cualquier momento” sin dejar valor residual en su infraestructura, y señaló que Oracle cuenta además con un sólido acceso a financiamiento, incluida una línea de crédito de 10.000 millones de dólares otorgada por un sindicato de bancos —entre ellos Bank of America y JP Morgan— sin exigencia de garantías colaterales, lo que —según la ejecutiva— “refleja la disposición de participantes sofisticados del mercado a prestarle a Oracle basándose únicamente en su solvencia”.
Steven Kihm, economista jefe de la Citizens Utility Board, replicó que We Energies es una empresa mucho más pequeña que esos bancos y no cuenta con su experiencia para evaluar el riesgo crediticio de compañías tecnológicas. La organización sin fines de lucro Clean Wisconsin también respaldó la decisión de la Comisión, al sostener que protege a otros clientes, como familias y pequeños comercios, “de los riesgos asociados a estos enormes consumidores de energía”. “We Energies y Oracle quieren reducir el colateral requerido porque Oracle podría tener dificultades para cumplir con esas exigencias”, señaló Brett Korte, abogado de la organización. “Esto demuestra los altos riesgos que implica prestarle servicio a Oracle, y es exactamente por eso que las protecciones adoptadas por la Comisión son necesarias”.
