Un rastreador mensual elaborado por el Instituto Peterson de Economía Internacional mide cuánto recauda efectivamente el gobierno federal de las empresas importadoras, y la diferencia entre esa cifra y las tasas que proclama la Casa Blanca es sistemáticamente grande.
El motivo es simple: las exenciones, pausas y exclusiones reducen el impacto efectivo de los gravámenes. En agosto de 2025, por ejemplo, Trump eximió a los aviones del arancel general del 15 por ciento acordado con la Unión Europea, lo que bajó automáticamente la tasa real sobre las importaciones europeas. Lo mismo ocurre en prácticamente todos los sectores: la política arancelaria estadounidense combina tarifas sectoriales, acuerdos bilaterales y mecanismos de exclusión que las empresas pueden solicitar, generando una brecha permanente entre el número del titular y el que se cobra en aduana.
Los datos de enero de 2025 ilustran la magnitud. Los bienes de consumo representaron importaciones por 89.000 millones de dólares ese mes, con una recaudación arancelaria de 3.200 millones, equivalente al 3,6 por ciento del valor importado. Las importaciones desde China sumaron 43.000 millones, con 4.500 millones de recaudación, es decir una tasa efectiva del 10,5 por ciento, muy por debajo de las tarifas nominales que circulan en los medios.
Otro efecto que los datos confirman es el desfase entre el anuncio de un arancel y su impacto en los precios al consumidor. Las empresas importadoras suelen absorber el costo mientras liquidan el inventario comprado antes del alza, y sólo trasladan el aumento cuando deben reponer con mercadería más cara. Ese proceso puede tomar varios meses, lo que explica por qué la inflación reacciona con demora ante cada nuevo paquete arancelario.
El argumento que más controversia genera es el fiscal. Trump ha sostenido que los aranceles pueden hacer una contribución significativa al equilibrio de las cuentas públicas. Los números relativizan esa afirmación. Con un déficit federal proyectado de 1,9 billones de dólares para el año fiscal 2025, la recaudación arancelaria acumulada entre enero y septiembre de ese año totalizó 182.000 millones, apenas el 9,8 por ciento del agujero fiscal. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron otros 129.000 millones, pero la recaudación arancelaria del año fiscal completo representó solo el 3,5 por ciento de los ingresos federales totales proyectados en 5,2 billones de dólares. No es una cifra despreciable, pero está lejos de ser la fuente de financiamiento estructural que sugiere el discurso oficial.
Para los países exportadores con flujos comerciales relevantes hacia los Estados Unidos, entender la diferencia entre la tarifa anunciada y la que se cobra en la práctica es clave para evaluar el impacto real sobre su competitividad. La política arancelaria de Trump tiene efectos concretos y medibles, pero son más graduales, más complejos y más modestos de lo que indican los anuncios.
