La administración estadounidense recurrió a una nueva base legal para justificar los aranceles impuestos a Canadá, después de que sus tres intentos anteriores tropezaran con reveses judiciales o enfrenten cuestionamientos en los tribunales. Primero fueron los gravámenes dispuestos bajo una declaración de emergencia, que la Corte Suprema determinó que no constituía una facultad arancelaria válida. Luego se invocó una supuesta crisis de balanza de pagos, cuya existencia la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos no logró verificar. El tercer intento fue una represalia generalizada contra 60 países señalados por tolerar importaciones vinculadas al trabajo forzoso, una medida que todavía debe ser puesta a prueba ante la Justicia.
El cuarto intento apela a la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, una norma con una historia particularmente controvertida: la legislación que llegó a profundizar la Gran Depresión y que carecía de aplicación práctica desde hace más de ocho décadas. Según especialistas en comercio internacional, se trata de una disposición sin sustento actual, cuyo uso debería ser rechazado por los tribunales por resultar manifiestamente improcedente.
El origen de la norma: las preferencias imperiales de comienzos del siglo XX
La Sección 338, al igual que su antecedente en la Ley Arancelaria Fordney-McCumber de 1922, fue concebida para responder a un fenómeno hoy extinguido: los sistemas de preferencias comerciales que las potencias coloniales otorgaban a sus propios territorios de ultramar. El caso más extendido era el del Reino Unido, que concedía una «preferencia imperial» a sus colonias, aunque Francia, los Países Bajos, Portugal y Japón —con sus posesiones en Corea y Taiwán— aplicaban esquemas similares. Estados Unidos hacía lo propio con Filipinas y Puerto Rico, entonces bajo su órbita colonial.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Estados Unidos como la principal potencia económica global, los viejos imperios se desmoronaron y esos regímenes de preferencias desaparecieron junto con ellos. La norma tenía además un segundo propósito histórico: disuadir represalias comerciales contra Estados Unidos en una época en la que Washington aplicaba, a su vez, aranceles elevados sobre las importaciones. Funcionaba, según los especialistas consultados, como un mecanismo disuasivo diseñado para actuar frente a discriminaciones comerciales generalizadas, y no como una herramienta pensada para intervenir sobre productos puntuales.
Por qué la norma no encajaría con el contexto actual
El texto original de la Sección 338 no explicita sus propósitos históricos, lo que obliga a interpretarla dentro del contexto en que fue redactada: una época marcada por la preocupación de Estados Unidos frente a los imperios extranjeros y las barreras arancelarias masivas, no frente a discriminaciones puntuales derivadas de un acuerdo de libre comercio o de medidas defensivas adoptadas por otro país frente a eventuales incumplimientos estadounidenses.
Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá están reguladas desde comienzos de la década de 1990 por acuerdos mutuamente aceptados, primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego su sucesor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), negociado durante la primera administración Trump. La propia Ley Smoot-Hawley había previsto un mecanismo de verificación para estos casos: facultaba a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) a estudiar y monitorear denuncias de discriminación comercial extranjera. Sin embargo, la actual administración no recurrió a ese organismo antes de aplicar los nuevos aranceles; el último antecedente de uso de esta norma por parte de la ITC data de su informe anual de 1943.
Podrían existir tratos discriminatorios puntuales por parte de Canadá hacia determinados productos estadounidenses, pero nada se asemeja hoy a un sistema de preferencias imperiales o a una discriminación generalizada del tipo que la Sección 338 fue diseñada para enfrentar. De existir motivos concretos para una respuesta comercial, la vía legal más adecuada habría sido la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pensada específicamente para actuar frente a perjuicios verificados al comercio estadounidense derivados de prácticas extranjeras consideradas irrazonables. Ese camino exige, no obstante, cumplir con estándares legales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a que las decisiones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no sean arbitrarias ni caprichosas, un umbral que resultaría difícil de sortear dados los propios incumplimientos estadounidenses en la relación bilateral.
Un patrón de litigios permanentes y su costo para la economía estadounidense
Especialistas sostienen además que la Sección 338 habría quedado derogada de manera efectiva con la sanción posterior de la Sección 301, y plantean otros argumentos jurídicos adicionales contra su reactivación. Mientras tanto, el patrón se repite: cada vez que un tribunal invalida una base legal, la administración recurre a una nueva, dejando a la Justicia en la posición de evaluar caso por caso la validez de cada autoridad invocada, mientras nuevos aranceles continúan aplicándose y multiplicándose, incluso bajo figuras como la Sección 301 o la Sección 232, ya en preparación.
El análisis remarca, por último, un dato que suele quedar en un segundo plano en la cobertura de estas disputas: aunque los nuevos aranceles se presentan como una medida contra Canadá, es la economía estadounidense la que absorbe el costo directo. Son los importadores estadounidenses quienes deben abonar el arancel ante la aduana de su país. El encarecimiento o la eventual escasez de insumos canadienses podría forzar el freno de líneas de producción en Estados Unidos y restar competitividad a otros bienes fabricados localmente.
