El acuerdo petrolero alcanzado con Venezuela en agosto, que otorga a Estados Unidos acceso a cerca del 20% de las reservas probadas del país, fue firmado por un gobierno interino cuya legitimidad la oposición venezolana cuestiona. Mucho menos atención recibió una operación paralela en Brasil: la compra de Serra Verde, uno de los principales productores mundiales de tierras raras críticas, por parte de USA Rare Earth, una compañía con participación estatal estadounidense y financiada por un vehículo de inversión también controlado en parte por Washington. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intentó frenar la transacción, pero un análisis legal determinó que se ajustaba a la legislación vigente. En respuesta, impulsó con urgencia un proyecto de ley en el Senado para establecer nuevas reglas sobre proyectos de minerales críticos, aprobado por el Congreso el 2 de septiembre. Si Lula resulta reelecto en octubre —la contienda está muy pareja—, podría intentar revertir el acuerdo apoyándose en esa nueva normativa.
Ambas operaciones llegan en un momento clave para la relación, históricamente tensa, entre América Latina y una Estados Unidos que busca reafirmar su influencia regional, y ambas implican un riesgo político considerable para Washington y sus inversores, dado el historial de gobiernos de la región que han desconocido contratos con empresas estadounidenses, en algunos casos expropiando activos sin compensación.
Dos operaciones bajo el mismo paraguas del Pentágono
Pese a sus diferencias, ambos acuerdos se apoyan en mecanismos de política industrial del Pentágono: el programa IBAS en el caso brasileño y la Oficina de Capital Estratégico (OSC) en el venezolano. Los dos contemplan una participación accionaria junto con un acuerdo de compra a largo plazo a precio garantizado, regido por legislación estadounidense. El argumento oficial para involucrar al Pentágono es desplazar a operadores chinos y rusos del acceso a recursos regionales.
Sin embargo, los fundamentos legales en Estados Unidos no están del todo definidos. La Oficina de Capital Estratégico fue creada en 2022 para otorgar préstamos y garantías, y el Congreso nunca le concedió autoridad explícita para tomar participaciones accionarias. Trump recurrió a su potestad de emitir órdenes ejecutivas para habilitar inversiones en minerales críticos, entre ellas la de USA Rare Earth, evitando así la revisión rutinaria del Congreso. La autorización del Pentágono para financiar el acuerdo venezolano vence en 2028, aunque los compromisos en Venezuela se extienden por 100 años. En Brasil, la norma que rige IBAS limita los compromisos de compra a 10 años y no menciona participaciones accionarias, lo que explicaría por qué el acuerdo con Serra Verde, pactado a 15 años, quedó alojado en un vehículo de propósito especial y no directamente en el Pentágono.
Zonas grises legales en Washington, Brasilia y Caracas
El acuerdo venezolano fue suscripto por un gobierno interino cuya legitimidad la oposición disputa; Estados Unidos no reconocía a esa administración hasta que ejecutó la captura de Maduro. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, es vista mayoritariamente como una figura afín a Trump. El acuerdo otorga además una concesión de 100 años bajo control mayoritario extranjero, condición que aparentemente contraviene la Constitución venezolana, aunque su aplicación resulta hoy inviable dado el desmantelamiento institucional del país.
En Brasil, el gobierno carecía hasta principios de septiembre de un régimen de control adecuado sobre concesiones a inversores extranjeros, cuando el Congreso aprobó con celeridad la nueva legislación sobre minerales críticos. Por eso, los contratos firmados con Venezuela y Brasil resultan frágiles: futuros gobiernos podrían revocarlos con relativa facilidad, en especial si no se ajustan a la ley vigente. Si el candidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —detenido por intentar un golpe de Estado tras perder la elección de 2022 frente a Lula—, resulta electo en octubre, probablemente intentaría sostener el acuerdo, incluso si la nueva ley habilita su revisión. Bolsonaro cuenta con el respaldo implícito de Trump de cara a los comicios.
Los caminos hacia una eventual reversión
La debilidad institucional que rodea a ambos acuerdos —también en Estados Unidos— abre varios escenarios posibles. Un futuro Congreso o una futura administración estadounidense podrían desarmar las inversiones alegando que el Pentágono nunca tuvo autoridad para tomar participaciones accionarias de este tipo. A su vez, un futuro gobierno brasileño podría recurrir a los mecanismos creados por la nueva ley de minerales críticos, o uno venezolano con mayor legitimidad podría revertir la operación invocando razones de soberanía. Quienes defienden ambos acuerdos sostienen que, dado que Brasil y Venezuela no ofrecen garantías suficientes de cumplimiento contractual, someterlos a la legislación estadounidense resuelve ese problema. Pero los tribunales de Estados Unidos solo pueden hacer cumplir un contrato si las partes firmantes tenían la legitimidad y la potestad para suscribirlo, condición que el gobierno interino venezolano no reúne; y dado que el Congreso nunca autorizó al Pentágono a sostener participaciones accionarias, la incertidumbre alcanza también a la parte estadounidense.
Considerando el historial de inestabilidad política de la región, un futuro gobierno de cualquiera de los dos países podría argumentar sin demasiada dificultad que el acuerdo viola su Constitución —en el caso venezolano— o que la agencia estadounidense que lo firmó nunca tuvo autorización para hacerlo. En Venezuela, si llegara a celebrarse una elección, un futuro gobierno podría impugnar las concesiones y derivar el conflicto a arbitraje internacional, como ocurrió en expropiaciones previas. En Brasil, el acuerdo con Serra Verde ya se convirtió en material de campaña para Lula, quien podría utilizar pronto la nueva ley para habilitar su revisión.
Más allá del ruido en torno a asegurar recursos latinoamericanos frente a China, lo que Washington logró hasta ahora es una compra que podría durar solo mientras Trump permanezca en el poder, sin garantías de continuidad una vez que deje el cargo.
