El gobierno de Javier Milei adjudicó a Jan de Nul NV y a su socio local Servimagnus SA una concesión de 25 años para dragar, modernizar y operar la hidrovía del río Paraná, la arteria por la que fluye el 80% de las exportaciones agrícolas argentinas. La inversión comprometida ronda los 10.000 millones de dólares, la mayor apuesta de infraestructura privada en la historia reciente del sector.
Jan de Nul no es un actor nuevo en el Paraná: la empresa belga viene operando la vía navegable desde los años noventa. Su contrato anterior venció en 2021, pero la falta de acuerdo político durante los gobiernos siguientes dejó la licitación inconclusa durante años. Desde entonces, la compañía continuó dragando mediante prórrogas sucesivas, en una situación de limbo institucional que terminó de resolverse ahora. En la licitación se impuso sobre la oferta presentada por DEME Group NV, su principal competidor en el segmento.
El corazón técnico del contrato es la profundización del canal de navegación hasta Rosario, que pasaría de 36 a 40 pies de calado. El pliego también contempla la realización de estudios de viabilidad para una eventual ampliación a 44 pies. Cada pie adicional de profundidad tiene impacto directo en la capacidad de carga de los buques que operan río arriba: más calado significa más toneladas embarcadas por viaje y menos necesidad de completar carga en terminales del Atlántico antes de zarpar hacia los mercados internacionales, una práctica costosa que hoy penaliza la competitividad de los complejos exportadores del interior.
La relevancia estratégica de la hidrovía quedó en evidencia durante los años de sequía, cuando las restricciones de calado y la variabilidad del canal generaron demoras, sobrecostos logísticos y dificultades operativas que afectaron directamente los ingresos de exportación del país. La profundización busca reducir esa vulnerabilidad estructural.
Un proceso marcado por la controversia
La adjudicación no estuvo exenta de ruidos políticos. La administración Milei había lanzado una licitación anterior durante 2025, pero el proceso fue cancelado ante denuncias de presunto favorecimiento a Jan de Nul. La nueva ronda culminó con la misma empresa adjudicataria, lo que reavivó las críticas de sectores opositores. A eso se sumaron acusaciones sobre una supuesta influencia china dentro del consorcio, que tanto Jan de Nul como Servimagnus rechazaron de manera reiterada.
El proyecto se inscribe en la estrategia más amplia del gobierno de atraer inversión privada para financiar infraestructura sin comprometer fondos públicos, un esquema central en el programa económico de la gestión actual. Para el Paraná, la apuesta es concreta: modernizar la principal salida exportadora del país con capital privado extranjero, asegurar décadas de operación estable y reducir los costos que hoy el agro traslada al precio final de sus granos.
