El Gobierno de Panamá formalizó el inicio del proceso para quedarse con el 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) que todavía están en manos del socio estadounidense NIC Holding Corp. Con esa compra, el Estado pasaría a controlar el 100% de la compañía que administra el principal oleoducto transístmico del país, un activo que desde hace casi medio siglo funciona como una alternativa al Canal para mover hidrocarburos entre el Atlántico y el Pacífico.
Un activo con casi 50 años de historia
Petroterminal nació en 1977 de una asociación entre el Estado panameño y NIC Holding Corp, la empresa estadounidense con sede en Melville, Nueva York, que impulsó el proyecto y quedó a cargo de su operación técnica. El objetivo original era resolver un problema concreto: el crudo que salía de Alaska rumbo a la costa este de Estados Unidos viajaba en buques demasiado grandes para cruzar el Canal de Panamá. La solución fue construir un oleoducto de 131 kilómetros entre Chiriquí Grande, sobre el Caribe, y Charco Azul, en el Pacífico, unos 300 kilómetros al oeste de la vía interoceánica. Panamá ya controlaba el 59% de la sociedad; el 41% restante quedó siempre en manos de su socio estadounidense.
Cómo se financia la operación
La compra se apoya en una cláusula del contrato original de 1977 que le da al Estado panameño la opción de adquirir la porción privada de la empresa. El precio no fue difundido: según el propio Gobierno, se calculará con una fórmula pactada de antemano sobre los estados financieros auditados de la compañía, sin que trascendieran cifras concretas. El punto que más se remarcó oficialmente es el mecanismo de pago: la operación se cubrirá con los ingresos y flujos de caja que genera la propia Petroterminal, sin recurrir al Tesoro Nacional ni aumentar la deuda pública, algo que buscó despejar de entrada cualquier lectura de ajuste fiscal o de expropiación.
El Gobierno también salió a aclarar que la transacción es legal y legítima, y que no implica una modificación unilateral de las condiciones contractuales: se trata del ejercicio de un derecho que ya estaba escrito en el acuerdo fundacional de la empresa. Lo que todavía no se definió es un aspecto no menor para la etapa siguiente: quién va a operar Petroterminal una vez que el socio privado salga de la ecuación. Panamá no cuenta hoy con una entidad pública dedicada específicamente al manejo de oleoductos y terminales petroleras de esta escala, y la administración técnica estuvo históricamente en manos de NIC Holding Corp.
Continuidad para clientes y trabajadores
El comunicado oficial incluyó garantías puntuales para despejar dudas durante la transición: estabilidad laboral para el personal actual, continuidad de los contratos con proveedores y mantenimiento del servicio sin interrupciones. Ese último punto es sensible para las refinerías de la costa este de Estados Unidos, que dependen del flujo constante del oleoducto para recibir crudo sin pasar por el Canal. Cualquier tropiezo operativo durante el traspaso podría repercutir directamente en esa cadena de abastecimiento.
Una pieza más del mapa logístico panameño
La operación se suma a otro desarrollo en curso sobre el mismo corredor geográfico: la Autoridad del Canal de Panamá, entidad autónoma del Estado, prevé iniciar en 2027 la construcción de un segundo ducto, de 77 kilómetros, para transportar propano, butano y etano desde la costa este de Estados Unidos hacia China, Japón y Corea del Sur. Se trata de un negocio que, según las proyecciones del sector, podría duplicarse en la próxima década. Entre la consolidación estatal de Petroterminal y el nuevo proyecto de la ACP, Panamá busca reforzar su posición como plataforma de paso para el comercio energético entre ambos océanos, más allá del propio Canal.
