En un contexto de creciente proteccionismo global, las economías más expuestas al comercio internacional buscan alternativas para preservar sus vínculos y evitar el aislamiento. Para los 13 miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP) y los 27 de la Unión Europea, la respuesta no pasa por fusionarse ni por negociar un tratado de libre comercio clásico, sino por algo más novedoso: un acuerdo adaptativo.
Este modelo representa una ruptura con la lógica tradicional de los acuerdos comerciales. En lugar de intentar acordar todo desde el inicio, permite a los participantes asumir compromisos específicos según su ritmo y capacidad, organizados en módulos temáticos que pueden ampliarse o endurecerse con el tiempo. La idea es abrir canales de colaboración inmediata en áreas donde ya existe convergencia, mientras se deja espacio para que otros temas más sensibles maduren de forma gradual.
El antecedente más claro de este enfoque son los acuerdos de economía digital que Singapur firmó con Australia, el Reino Unido y Corea del Sur. Esos tratados combinan compromisos jurídicamente vinculantes —sobre flujos de datos transfronterizos o comercio sin papel— con memorandos de entendimiento en materia de inteligencia artificial o gobierno digital, que eventualmente podrían convertirse en obligaciones más formales. Singapur también firmó con la UE una asociación digital bajo una lógica similar, que identifica áreas de cooperación conjunta y establece una estructura operativa para mantener vivos los diálogos.
Para un potencial acuerdo CPTPP-UE, las áreas prioritarias serían el comercio digital, los servicios y la facilitación del comercio. En materia digital, muchos miembros de ambos bloques ya suscribieron compromisos similares en el marco de la Iniciativa de Declaración Conjunta de la OMC sobre comercio electrónico, lo que simplificaría la convergencia y aceleraría las negociaciones. Entre las disposiciones posibles figuran la aceptación de firmas electrónicas, la eliminación de aranceles aduaneros sobre transmisiones digitales y la protección de datos personales de los usuarios.
En materia de servicios e inversión, los miembros podrían comprometerse a principios de no discriminación, prohibir requisitos de desempeño y crear un portal de información conjunta para orientar a los prestadores de servicios sobre requisitos regulatorios en cada mercado. En facilitación del comercio, se explorarán mecanismos de intercambio de información aduanera para envíos específicos, proyectos piloto de despacho aduanero exprés y reglas de origen que permitan acumular contenido producido en ambas regiones.
El principal desafío es institucional. Con 30 participantes —y más economías potencialmente interesadas— exigir unanimidad para cada avance sería paralizante, y contradice el espíritu mismo de un acuerdo pensado para ser ágil. La flexibilidad es imprescindible, aunque también genera incertidumbre para las empresas que necesitan reglas claras y uniformes para operar en múltiples mercados. Otros bloques comerciales ya resolvieron tensiones similares permitiendo que grupos de miembros avancen como pioneros sin esperar al resto.
El tiempo apremia. Sin velocidad y decisión política, el riesgo es que el proceso se diluya en declaraciones genéricas de apoyo al multilateralismo que se repiten en cada cumbre sin traducirse en compromisos concretos. La oportunidad de construir un nuevo tipo de arquitectura comercial está sobre la mesa; lo que falta es la voluntad de aprovecharla antes de que el contexto global la cierre.
