La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dejó de intentar equilibrar la fiscalización comercial con la facilitación del comercio, coincidieron dos especialistas con larga trayectoria en la materia durante un seminario virtual organizado por el Automotive Industry Action Group (AIAG), que reúne a fabricantes y proveedores de la industria automotriz norteamericana.
Karen Kenney, ex integrante del Comité Asesor de Operaciones Aduaneras Comerciales (COAC) y consultora de la firma de servicios de cadena de suministro Centipid, sostuvo que la agencia federal se convirtió en un organismo orientado exclusivamente al control, cuando antes buscaba facilitar las operaciones de los importadores que cumplían con la normativa vigente.
Una fiscalización cada vez más compleja
Según Kenney, la dificultad recae especialmente sobre los agentes de aduana y los responsables de cumplimiento normativo, dado que las reglas para determinar si un producto cumple con el origen exigido por el T-MEC (USMCA) —y por lo tanto queda exento de los aranceles de las Secciones 232 y 301— resultan sumamente complejas. Un error en esa determinación, advirtió, expone a las empresas a multas y sanciones más severas por parte de CBP y del nuevo grupo de trabajo de fiscalización comercial creado por la administración.
La especialista recomendó a los importadores mantener listas de materiales (bills of material) precisas, conocer con exactitud el porcentaje de contenido extranjero de sus productos y conservar un archivo actualizado de los certificados de origen general (blanket certificates) del T-MEC, como preparación ante eventuales auditorías. Kenney también señaló que, a su juicio, los funcionarios de la actual administración parten de la premisa de que las importaciones no benefician a la economía estadounidense.
Más causas por la Ley de Reclamaciones Falsas
Ted Murphy, co-responsable de la práctica de comercio internacional del estudio Sidley Austin, coincidió en que CBP dejó de hablar de facilitación del comercio. Atribuyó parte del problema a los cambios abruptos en la política arancelaria durante 2025 —aranceles que se aplicaron, se suspendieron y luego se acumularon o dejaron de acumularse (stacking)—, lo que multiplicó las oportunidades de cometer errores de clasificación y pago.
El Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la propia CBP difundieron en los últimos días los montos recaudados por sus acciones de fiscalización, en un mensaje que, según Murphy, deja una sola lectura para las empresas: reforzar los programas internos de cumplimiento. El abogado también observó un aumento en las demandas iniciadas por privados bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), impulsadas en muchos casos por empresas competidoras entre sí. Buena parte del trabajo actual de su estudio, indicó, consiste en defender a clientes frente a este tipo de causas por fiscalización comercial.
Nuevas exigencias para importadores extranjeros desde noviembre
Kenney advirtió que los cambios dispuestos por una orden ejecutiva de junio —identificada como «Strengthening Customs Enforcement» y firmada por el presidente Donald Trump el 3 de junio de 2026— comenzarán a regir el 29 de noviembre, 180 días después de su emisión. A partir de esa fecha, las empresas extranjeras que actúen como importador de registro (IOR) deberán cumplir un umbral considerablemente más exigente para calificar como tales, con nuevos requisitos de activos tangibles en el país, niveles mínimos de garantías (bonding) y declaraciones ampliadas de titularidad beneficiaria y afiliación comercial.
La orden ejecutiva también instruye a CBP a exigir a los importadores el mantenimiento de una condición de «buen estado» (good standing) para poder operar, y habilita a la agencia a elevar el piso mínimo de las sanciones a no menos del 50% de la multa evaluada, eliminando además la posibilidad de mitigación para infractores reincidentes. De acuerdo con datos recopilados por estudios especializados en comercio internacional, CBP realizó 417 auditorías en el año fiscal 2024 y 465 en 2025, y proyectaba unas 543 para el año fiscal 2026, lo que equivale a un incremento interanual cercano al 17%.
Kenney hizo referencia además a la Guía de Recursos para la Fiscalización del Fraude Comercial, publicada en julio de manera conjunta por DHS y DOJ, que precisa que desconocer la existencia de derechos de aduana adeudados no constituye una defensa válida bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Según ese documento, la norma alcanza a cualquier actor que «a sabiendas» provoque una infracción, un estándar que en la práctica incluye no solo el conocimiento efectivo sino también la ignorancia deliberada, la ceguera voluntaria y el desprecio temerario por la información disponible.
