Una amplia coalición de organizaciones empresariales de los sectores tecnológico, minorista, automotriz y manufacturero presentó una carta formal al secretario de Comercio Howard Lutnick y al representante de Comercio Jamieson Greer, en la que advirtieron contra la imposición de aranceles amplios sobre semiconductores y productos tecnológicos derivados. El pedido se inscribe en el marco de una investigación de seguridad nacional iniciada en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.
Las organizaciones sostuvieron que gravámenes de amplio alcance sobre chips e industrias que los utilizan elevarían los costos para consumidores y empresas, agravarían las presiones inflacionarias, frenarían el despliegue de infraestructura de inteligencia artificial y erosionarían la competitividad tecnológica del país. En su lugar, reclamaron preservar las exclusiones arancelarias vigentes sobre productos electrónicos y avanzar hacia políticas que fortalezcan la capacidad de fabricación doméstica sin trasladar esos costos al conjunto de la economía.
El trasfondo de la carta es la Proclamación Presidencial 11002, firmada por Trump el 14 de enero de 2026, que impuso un arancel del 25% sobre un conjunto acotado de semiconductores avanzados de cómputo —entre ellos el procesador H200 de Nvidia y el MI325X de AMD— citando riesgos a la seguridad nacional derivados de la dependencia de la producción extranjera. La medida contempló amplias exenciones para centros de datos, startups, investigación y el sector público radicados en Estados Unidos.
Sin embargo, la proclamación dejó abierta la puerta a una segunda fase de mayor alcance. El Departamento de Comercio recomendó extender los aranceles a categorías más amplias de semiconductores, equipos de fabricación y productos derivados, a una tasa calificada como «significativa». La decisión sobre esa expansión quedó supeditada a un informe de negociaciones previsto para el 14 de abril de 2026 y a un relevamiento del mercado de centros de datos para el 1 de julio del mismo año.
En ese contexto de incertidumbre, el representante Greer señaló ante la prensa, durante un acto en la planta de Micron Technology en Virginia, que no existía ningún nuevo arancel inmediato sobre semiconductores. «Lo más importante, más que contar con protección para instalaciones como esta, es asegurarnos de hacerlo en el momento y la magnitud correctos», afirmó. La declaración fue interpretada como un compás de espera, no como un abandono de la política arancelaria.
La investigación original, iniciada en abril de 2025 por el Departamento de Comercio bajo la autoridad de la Sección 232, buscó determinar en qué medida las importaciones de chips y equipos de fabricación de semiconductores amenazaban la seguridad nacional. La conclusión formal fue que esa dependencia efectivamente representaba un riesgo estratégico, lo que habilitó las medidas adoptadas en enero de 2026 y podría justificar acciones adicionales.
El sector privado respondió con argumentos de doble filo. Por un lado, las cámaras empresariales reconocieron la necesidad de relocalizar la producción de chips en territorio estadounidense. Por otro, advirtieron que los aranceles sobre insumos y tecnología derivada podrían desincentivar las mismas inversiones que la administración pretende atraer. Compañías como Samsung, SK Hynix, TSMC y Micron tienen compromisos de inversión en plantas en suelo norteamericano que, según las empresas, quedarían en riesgo si los costos de importación durante la fase de construcción se vuelven prohibitivos.
La discusión sobre los semiconductores se produce en paralelo a un reordenamiento más amplio de la política comercial de Estados Unidos con sus principales socios tecnológicos. Las negociaciones con Taiwán, Corea del Sur y Japón —proveedores clave de la cadena de suministro de chips— continúan sin resolución definitiva, y el resultado de esas tratativas determinará en gran medida el alcance de los aranceles que finalmente se apliquen.
