El NCSI es elaborado por la e-Governance Academy, una entidad sin fines de lucro creada por el Gobierno de Estonia junto con el Open Society Institute y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y mide la capacidad de los países para prevenir amenazas cibernéticas y gestionar incidentes una vez que ocurren.
El diagnóstico se replica a escala corporativa. Según datos recopilados por firmas especializadas en ciberseguridad, el 54% de las empresas centroamericanas sufrió uno o más ataques durante los últimos doce meses, y más del 77% de las organizaciones de la región no cuenta con un plan de respuesta a incidentes de seguridad cibernética. La brecha entre exposición y preparación es, según especialistas del sector, uno de los principales factores de vulnerabilidad estructural para el comercio y la logística regional, actividades cada vez más dependientes de plataformas digitales para el seguimiento de cargas, la documentación aduanera y los pagos internacionales.
La región más atacada del mundo, por habitante
El Gran Caribe concentra hoy la mayor tasa de ciberataques por habitante a nivel mundial. Según coberturas especializadas basadas en informes de organismos internacionales, los incidentes cibernéticos crecen en la región a un ritmo anual del 25%, cuatro puntos por encima del promedio global del 21%. El Banco Mundial calificó recientemente a Centroamérica como un verdadero «laboratorio» para actores maliciosos, y estimó que un país en desarrollo que logre reducir sus incidentes cibernéticos desde el cuartil más alto hasta el más bajo de la distribución regional podría ver un incremento de hasta 1,5% en su PIB per cápita, en virtud del efecto disuasivo sobre la inversión que genera hoy la inseguridad digital.
El ransomware es el vector de mayor crecimiento: los incidentes de este tipo pasaron de poco más de 250 filtraciones divulgadas en 2024 a más de 450 en 2025 a nivel latinoamericano, un salto del 78%. En Centroamérica y el Caribe en particular, una sola familia de ransomware concentra el 62,5% de las detecciones registradas durante 2025, muy por encima del 53,3% que representa en Sudamérica, lo que sugiere una explotación más concentrada y sistemática de vulnerabilidades comunes en la subregión.
Los contrastes
Dentro del propio Gran Caribe conviven realidades muy distintas. República Dominicana se consolidó como el país mejor posicionado de América Latina en el NCSI, con una puntuación cercana a 71-77 puntos y el puesto 41 a nivel mundial, apoyada en su Centro Nacional de Ciberseguridad y en una estrategia digital con más de una década de desarrollo institucional. Pese a ese liderazgo relativo, el país registró 535,5 millones de intentos de ciberataque durante 2025, de los cuales 177 millones correspondieron a escaneos activos orientados a detectar vulnerabilidades en sistemas públicos y privados; las autoridades dominicanas reportaron haber prevenido 1,7 millones de eventos de seguridad sobre sistemas estatales en el mismo período. Panamá se ubica en la posición 75 entre 176 economías evaluadas, con una puntuación de 50,65 sobre 100. En el otro extremo del ranking regional se ubican Jamaica y Costa Rica, con puntuaciones intermedias, y un grupo de países centroamericanos —Honduras, Nicaragua y Guatemala entre ellos— rezagados en el tramo final de la tabla mundial.
El contraste ilustra un punto que remarcan los propios organismos evaluadores: la preparación cibernética no depende únicamente del tamaño de la economía, sino de la existencia de una autoridad nacional de ciberseguridad, marcos normativos actualizados y capacidad de coordinación público-privada. Para las cadenas logísticas y portuarias del Gran Caribe —una de las regiones con mayor tránsito de comercio exterior del hemisferio occidental—, cerrar esa brecha institucional se perfila como una condición cada vez más determinante para sostener la confiabilidad de sus operaciones frente a un entorno de amenazas que, según todas las mediciones disponibles, sigue expandiéndose más rápido que en cualquier otra región del mundo.
