La discusión sobre el destino de Codelco, la mayor empresa minera de Chile y una de las principales productoras de cobre del mundo, volvió a instalarse en el centro de la agenda política. La empresa estatal enfrenta una deuda elevada, dificultades para sostener su producción y la exigencia de inversiones cuantiosas para mantener en pie sus principales yacimientos. El contexto internacional, sin embargo, juega a favor de la compañía: el precio del cobre atraviesa un ciclo favorable y Codelco ocupa una posición estratégica tanto en ese metal como en el litio.
Una privatización total no sería un trámite sencillo. La Constitución chilena protege a Codelco, por lo que un cambio de esa magnitud exigiría una reforma constitucional con un quórum de cuatro séptimos en el Congreso, un umbral difícil de alcanzar en el corto plazo. Existe, sin embargo, otra vía que inquieta a los trabajadores del sector: la venta de activos o participaciones que la empresa mantiene en otras compañías, una decisión que podría resolverse directamente en su directorio, sin pasar por el Parlamento ni requerir una privatización formal.
El Poder Ejecutivo, buscó despegarse de una privatización directa. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, admitió la posibilidad de desprenderse de algunos activos considerados prescindibles, aunque descartó que el Gobierno esté evaluando privatizar la empresa. La falta de precisiones públicas sobre qué bienes podrían venderse alimenta, no obstante, las sospechas de los gremios.
La Federación de Trabajadores del Cobre sostiene que la venta de activos estratégicos equivale, en los hechos, a un avance hacia la privatización, y ya adelantó que está dispuesta a movilizarse para frenar cualquier iniciativa en ese sentido. Para el sindicato, Codelco sigue siendo una de las principales herramientas del Estado chileno para captar valor de la explotación de sus recursos minerales.
Una empresa endeudada, pero rentable
El peso económico de Codelco explica buena parte de la disputa. Según datos de la Federación de Trabajadores del Cobre, la compañía transfirió unos 12.600 millones de dólares al Estado en los últimos cinco años y cerca de 164.000 millones de dólares a lo largo de toda su historia. Para el sindicato, esas cifras impiden evaluar a la empresa únicamente en función de su deuda o de sus dificultades operativas actuales.
El endeudamiento es, justamente, uno de los principales argumentos de quienes reclaman una reforma profunda. Codelco acumula una deuda cercana a los 26.000 millones de dólares, en un contexto donde sus yacimientos enfrentan un problema estructural: la ley promedio del mineral cayó de 1,7% en 1990 a alrededor de 0,65% en 2025, lo que obliga a extraer y procesar mucho más roca para sostener los mismos niveles de producción.
Pese a ello, la situación de la empresa está lejos de asimilarse a una quiebra. Codelco conserva acceso al financiamiento internacional, tiene unos 25.000 millones de dólares colocados en bonos en Wall Street y mantiene capacidad de generar utilidades; el problema central pasa por invertir, mejorar la productividad y garantizar la continuidad de sus grandes operaciones. En ese marco, el Gobierno de Kast autorizó que la empresa retenga el 100% de las utilidades de 2025, unos 2.422 millones de dólares, para reforzar su posición financiera y extender la vida útil de sus minas, un giro respecto de años anteriores, cuando esos recursos se transferían directamente al Estado.
El litio y la demanda mundial de minerales críticos
Codelco ya no depende exclusivamente del cobre. Tras asociarse con SQM para participar en la explotación del Salar de Atacama, la estatal se convirtió también en un actor relevante del litio, además de mantener participaciones en proyectos como El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.
Esa diversificación cobra relevancia frente a la transformación de la demanda mundial de minerales. El cobre es un insumo clave para las redes eléctricas, los vehículos eléctricos, las energías renovables y los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial: las proyecciones ubican la demanda global en torno a los 40 millones de toneladas anuales hacia 2040, frente a los 28 millones actuales, lo que lleva a algunos economistas a advertir que desprenderse de activos en un momento de dificultades financieras podría restarle al Estado participación futura en un mercado estratégico por décadas.
Otra alternativa en discusión es que la empresa mejore sus resultados a través de asociaciones con compañías privadas, sin resignar el control estatal, una fórmula que permitiría sumar capital, tecnología y capacidad de gestión manteniendo a Codelco como una empresa pública estratégica. La diferencia entre una asociación público-privada y una privatización lisa y llana será, previsiblemente, uno de los ejes centrales del debate: el Gobierno puede buscar capital privado para proyectos puntuales sin transferir el control de la compañía, mientras que para los sindicatos la venta de activos estratégicos podría ser apenas el primer paso de un proceso más amplio. Pero la disputa sobre el futuro de la compañía seguirá abierta mientras persistan la deuda, las necesidades de inversión y el creciente interés internacional por el cobre y el litio como recursos críticos para la transición energética global.
