Tras el colapso de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la entrada en vigor de un arancel del 50% sobre buena parte de las exportaciones canadienses, el primer ministro Mark Carney definió la ofensiva de Washington en términos bélicos. En una conferencia de prensa en Ottawa, sostuvo que se está en guerra cuando a un país lo atacan, y que eso fue lo que ocurrió con Canadá. Agregó que su gobierno no puede aceptar lo que Estados Unidos ofreció ni va a ceder a lo que pidió.
Carney explicó que abandonó la mesa de negociación a regañadientes, consciente de que los aranceles se van a traducir en costos más altos para los consumidores canadienses, pero remarcó que el paso se dio con la convicción de que es lo que más le conviene al país. Confirmó además que las represalias canadienses —equivalentes, dólar por dólar, a la suba aplicada por Washington— van a empezar a regir el 8 de septiembre.
Productos alcanzados y advertencia empresarial
El nuevo arancel estadounidense recae sobre unos 20.000 millones de dólares en exportaciones canadienses y abarca una amplia variedad de rubros, entre ellos vino, muebles, productos lácteos, cemento, indumentaria, equipamiento de pesca y artículos de hockey. La Cámara de Comercio de Canadá advirtió que algunas industrias podrían sufrir daños serios, cierres de empresas y pérdida de empleos, y que la asistencia financiera a los sectores afectados podría ser necesaria durante varios años.
El lunes posterior a la entrada en vigor de la medida, Trump anunció además que aplicará aranceles más altos sobre productos canadienses adicionales a partir del 1° de enero, en momentos en que había intentado —sin éxito— recurrir a una potestad legal hasta ahora inédita para forzar a Canadá a aceptar concesiones comerciales.
Una unidad política poco habitual
La respuesta de Carney encontró eco en un arco político que rara vez coincide. El líder de la oposición conservadora, Pierre Poilievre, que había presionado al primer ministro durante semanas para que no cediera terreno en la negociación —reclamando acceso libre de aranceles para la madera, el acero, el aluminio y los autos canadienses—, calificó los nuevos gravámenes de injustificados y llamó a los canadienses a unirse en defensa de los puestos de trabajo y las empresas del país frente a lo que describió como ataques desleales.
Poilievre venía reclamando semanas atrás que Carney no aceptara un mal acuerdo, y llegó a pedirle que reconvocara al Parlamento para transparentar los términos de la oferta estadounidense que su gobierno había rechazado. Con todo, tras la ruptura de las negociaciones y la entrada en vigor del arancel, tanto el oficialismo como la principal fuerza opositora coincidieron en sostener que Canadá debe mantenerse unido frente a la presión de Washington.
Grietas también del lado estadounidense
Trump, en cambio, no cuenta con un respaldo político tan uniforme para su política comercial, uno de los frentes más cuestionados de su segundo mandato. La senadora republicana Susan Collins, de Maine —en medio de una difícil campaña de reelección—, pidió a la administración que considere el impacto negativo de sostener una guerra comercial con Canadá, advirtiendo que los aranceles van a encarecer los costos para los habitantes de su estado. Collins señaló que, desde el primer anuncio de las medidas, viene recibiendo reclamos de empresas, productores agrícolas y pescadores de langosta preocupados por el costo de adaptarse a los aranceles, la falta de cadenas de suministro locales y la probable represalia canadiense, y pidió que ambas partes vuelvan a la mesa de negociación.
Legisladores demócratas también criticaron con dureza la escalada, en un clima político en el que la política arancelaria de la Casa Blanca enfrenta un rechazo cada vez más transversal, tanto dentro de Estados Unidos como en su relación con uno de sus socios comerciales históricos.
