La Unión Europea se apresta a dar a conocer, este 9 de septiembre, la reforma más profunda de su marco normativo de contratación pública en más de diez años. El proyecto, elaborado por la Comisión Europea, reemplazará las tres directivas que rigen la materia desde 2014 —sobre contratos públicos generales, sobre sectores de agua, energía, transporte y servicios postales, y sobre concesiones— por un Reglamento único de aplicación directa en los 27 países del bloque, sin necesidad de transposición nacional. La publicación había estado prevista originalmente para el 1° de julio y fue postergada sin que la Comisión diera explicaciones formales sobre la demora.
El cambio central del proyecto es la introducción de un mecanismo de «preferencia europea» que, aunque no llega a constituir una cláusula general de compra obligatoria a proveedores comunitarios, otorga a los organismos contratantes la potestad de rechazar ofertas en contratos de gran magnitud cuando el contenido de origen no europeo supere el 50% del valor total. El borrador contempla además la aplicación de preferencias explícitas en sectores calificados como estratégicos: suministro de gas y extracción de energía, redes de agua y electricidad, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y servicios postales. Otras áreas —salud, infraestructura digital, mercados financieros y transporte en general— fueron señaladas como zonas de riesgo por dependencia de cadenas de suministro externas, aunque sin quedar comprendidas de manera automática en el régimen de preferencia.
Un mensaje dirigido a Pekín sin nombrarlo
El texto del borrador no menciona a China en ningún pasaje, pero el contexto en que se inscribe deja pocas dudas sobre su principal destinatario. La Comisión viene reclamando desde hace años un acceso recíproco a las compras públicas chinas que hasta ahora no logró destrabar, mientras el desequilibrio comercial bilateral continuó ampliándose: según cifras oficiales, el diferencial comercial de la Unión con China creció un 10% en los primeros cuatro meses de este año. La nueva normativa se apoya, además, en un antecedente directo: en junio de 2025 Bruselas aplicó por primera vez el Instrumento de Contratación Pública Internacional (IPI) para excluir a empresas chinas de las licitaciones de dispositivos médicos por encima de 5 millones de euros, como respuesta a la política «Buy China» que limita el acceso de proveedores europeos a los contratos estatales del gigante asiático.
Esa medida sectorial funciona hoy como modelo para el esquema más amplio que se prepara: un mecanismo que, en lugar de resolverse caso por caso a través de investigaciones puntuales, quede incorporado de manera estructural en las reglas generales de contratación del bloque. La reforma se suma a otras iniciativas del mismo signo impulsadas en los últimos meses, entre ellas la Ley de Aceleración Industrial presentada en marzo, el instrumento de financiamiento de defensa SAFE —que ya limita al 35% el componente de origen extra-comunitario en sus contratos— y el instrumento anticoerción, todas orientadas a reducir dependencias consideradas vulnerables a un uso político por parte de terceros países.
Menos peso al precio, más exigencia de calidad
Además del capítulo de preferencia europea, el borrador introduce un cambio de fondo en el criterio de adjudicación: la mejor relación calidad-precio pasa a ser la regla general, con un piso obligatorio de ponderación de la calidad de al menos 30% en cualquier licitación y de 50% en contratos de servicios intensivos en mano de obra, como limpieza, seguridad o cuidado de personas. La adjudicación por precio más bajo, hoy extendida, quedaría restringida a los casos en que la calidad pueda garantizarse por otras vías, como especificaciones técnicas detalladas. El proyecto también incorpora un capítulo de seguridad económica que faculta a los organismos contratantes a evaluar si la estructura de propiedad, control o financiamiento de un oferente representa un riesgo de interferencia extranjera.
Un camino legislativo largo por delante
El proyecto que se conocerá esta semana es, formalmente, apenas el punto de partida de un proceso que puede extenderse varios años. Para convertirse en ley deberá recibir el aval del Parlamento Europeo y del Consejo, integrado por los 27 Estados miembro, y es considerado altamente probable que atraviese negociaciones tripartitas (trílogos) antes de su versión final, dada la sensibilidad política de sus capítulos centrales.
La Comisión estima que las compras públicas representan entre 14% y 15% del PBI comunitario, unos 2,5 billones de euros anuales. La magnitud explica tanto el interés de los proveedores europeos en incidir sobre el texto final como la resistencia que anticipan sectores expuestos al comercio exterior, que advierten sobre el riesgo de represalias recíprocas y de fricciones con las obligaciones multilaterales de la Unión en el marco del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, del que participan socios como Estados Unidos, Canadá o Japón, pero no China.
