La incertidumbre se cierne sobre el proceso de adjudicación del nuevo terminal de contenedores en el Puerto de Santos, el más grande de América Latina. La posibilidad de que el gobierno introduzca cambios sustanciales en el diseño del proyecto genera inquietud en el sector privado ante la perspectiva de un nuevo aplazamiento, que ya acumula varios desde que el proceso fue anunciado. Según información de CNN Brasil, si las modificaciones alcanzan cierta envergadura, podría ser necesario reiniciar el procedimiento licitatorio desde etapas avanzadas.
El nudo central del problema radica en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo fiscalizador que deberá evaluar cualquier ajuste relevante al modelo. Si los cambios superan un umbral de magnitud, el gobierno deberá someter una nueva versión del proyecto a revisión técnica de la Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios (ANTAQ) y del propio TCU, lo que extendería los plazos y podría trasladar la decisión final a un período posterior a las elecciones presidenciales de octubre de 2026.
Un cronograma que no logra estabilizarse
La licitación del Tecon Santos 10 lleva años en proceso de maduración y ha sufrido múltiples postergaciones. Inicialmente prevista para diciembre de 2025, la convocatoria fue desplazada en reiteradas oportunidades y actualmente se proyecta para el segundo semestre de 2026. Los sucesivos retrasos estuvieron vinculados, en gran medida, a las tensiones generadas por las restricciones de participación para empresas ya presentes en el puerto y para las grandes líneas navieras internacionales, en un segmento de mercado con elevada concentración.
En diciembre pasado, el TCU aprobó el modelo presentado por la ANTAQ, que contempla una subasta estructurada en dos etapas. Bajo ese esquema, los operadores de terminales de contenedores que ya están activos en el puerto quedan excluidos de participar en la primera fase. Solo en caso de que esa instancia no reciba ofertas, estos actores podrían ingresar en una segunda ronda, condicionados a compromisos de desinversión en sus operaciones actuales. El mismo organismo fiscalizador recomendó ampliar las restricciones a la participación de navieras internacionales respecto de lo que la ANTAQ había planteado originalmente.
Cuatro modificaciones en discusión
El gobierno analiza al menos cuatro cambios al diseño de la licitación, orientados a ampliar la base de competencia. Uno de los más relevantes es la posibilidad de habilitar, desde la primera fase, la participación de líneas navieras que actualmente no operan en el Puerto de Santos, una posición que coincide con la que sostiene la ANTAQ.
Los restantes puntos bajo análisis incluyen la definición de grupo económico a efectos de determinar quiénes califican como operadores existentes, el concepto de movimiento relevante de carga como criterio de restricción, y los plazos exigidos para procesos de desinversión. Cada uno de estos aspectos tiene potencial para modificar de forma sustancial el alcance del proyecto y, por ende, el universo de participantes habilitados.
Competencia versus concentración, el dilema de fondo
Las modificaciones propuestas responden, en parte, a presiones del sector privado que busca ampliar su acceso al proceso. Sin embargo, la autoridad portuaria enfrenta un dilema que no es sencillo de resolver: abrir la competencia sin reproducir los niveles de concentración que ya caracterizan al mercado de contenedores en Santos, ni generar implicancias negativas en el ámbito de las relaciones internacionales con los grandes operadores globales del transporte marítimo.
De avanzar las revisiones, el gobierno deberá presentar una nueva versión del modelo para evaluación técnica de la ANTAQ y del TCU. Ese proceso configuraría, en la práctica, una nueva propuesta de licitación, con todo lo que ello implica en términos de plazos, instancias de consulta y aprobaciones institucionales. El sector sigue de cerca cada señal del ejecutivo, consciente de que en este proceso el tiempo también tiene un costo.
