La industria automotriz de Estados Unidos habló con una voz inusualmente unificada: no quiere cambios de fondo en las reglas de origen del USMCA y considera que los aranceles del 232 aplicados sobre vehículos y autopartes de Canadá y México, hasta ahora libres de gravámenes bajo el tratado, socavan el acuerdo desde adentro. Las asociaciones que representan al sector presentaron esa posición ante los negociadores en el marco de la revisión formal del USMCA prevista para 2026, dejando en claro que la prioridad es la estabilidad regulatoria, no una renegociación estructural.
El argumento central es de coherencia. El USMCA establece condiciones preferenciales para los bienes que cumplen sus reglas de origen. La Sección 232, en cambio, es un arancel de seguridad nacional que opera en un marco legal diferente: el cumplimiento del USMCA no neutraliza la obligación arancelaria del 232 salvo que una proclamación presidencial específica cree esa exención. En la práctica, eso significa que un vehículo fabricado en México o Canadá cumpliendo cada requisito del tratado puede igualmente quedar sujeto al arancel del 25%, desdibujando el valor real de pertenecer al bloque.
Trump impuso en abril de 2025 un arancel del 25% sobre todos los vehículos importados, con exenciones parciales para el contenido de origen estadounidense en los autos que califican bajo el USMCA, y extendió la medida a las autopartes a partir de mayo del mismo año.El diseño de la exención revela la tensión de fondo: no se exime el vehículo por ser norteamericano, sino solo la fracción de su valor que pueda acreditarse como fabricada en suelo estadounidense. Para una industria cuya cadena de valor cruza fronteras decenas de veces antes de que un auto llegue a la concesionaria, calcular y certificar ese porcentaje es un desafío operativo y de cumplimiento de enorme magnitud.
Para amortiguar el impacto inmediato sobre los fabricantes con plantas en Estados Unidos, la administración introdujo un mecanismo de compensación. El programa de «import adjustment offset» permite a las empresas que ensamblan vehículos en territorio estadounidense recibir un crédito equivalente al 3,75% del valor de lista de los vehículos producidos localmente, que luego aplican para reducir los aranceles adeudados por la importación de autopartes. Es un alivio parcial, diseñado para los grandes fabricantes con operaciones domésticas consolidadas, pero que deja expuestos a los proveedores medianos y a los importadores que no califican para el esquema.
El capítulo de las autopartes con contenido USMCA tiene además una historia inconclusa. El Departamento de Comercio anunció hace más de un año que eventualmente reemplazaría la exención transitoria para las piezas importadas bajo el tratado por una exención más acotada, aplicable únicamente al porcentaje de valor de origen estadounidense. Para implementar ese cambio, la agencia necesita establecer primero un proceso de valuación del contenido no estadounidense, algo que hasta ahora no ha concretado. Mientras ese mecanismo no exista, la exención amplia sigue vigente de facto, generando incertidumbre sobre cuándo y cómo cambiará el régimen.
En ese entorno, los fabricantes y proveedores automotrices navegan un escenario de cumplimiento sin precedentes: interpretaciones cambiantes de las reglas de origen, exposición al 232, riesgo de certificación en cadenas de suministro de múltiples niveles y presión creciente de auditorías aduaneras. La revisión del USMCA llega, entonces, en un momento en que la industria ya está absorbiendo costos y complejidades regulatorias que no existían cuando el acuerdo fue firmado.
Lo que los gremios piden no es menor: que la renegociación no agregue otra capa de incertidumbre sobre la que ya existe. La lógica del USMCA fue construir una cadena de valor integrada en América del Norte, donde ensamblar en México o en Michigan forma parte del mismo producto final. Aplicar aranceles de seguridad nacional sobre esa integración no la destruye de golpe, pero la encarece, la complica y, con el tiempo, la desincentiva. Para la industria, el mensaje es claro: el tratado vale mientras sus reglas sean predecibles. Cuando los aranceles del 232 vacían esa predictibilidad, lo que queda es un acuerdo con nombre pero sin garantías.
