El Gobierno argentino puso en marcha una de las licitaciones de infraestructura más ambiciosas de los últimos años: convocó, a través del Ministerio de Economía, a un proceso público nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, hoy operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL).
La red puesta a licitación abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones entre zonas productivas del interior, puertos de exportación y pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que convierte al proceso en una pieza central de la estrategia logística del país para la próxima mitad de siglo.
El esquema elegido es el de acceso abierto: distintos operadores podrán utilizar la infraestructura concesionada en condiciones objetivas y no discriminatorias, en lugar de quedar reservada a un único prestador integrado. Los concesionarios deberán cumplir planes de inversión obligatorios y tendrán la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de infraestructura ferroviaria.
Obras obligatorias y un horizonte de inversión a 50 años
El pliego establece un conjunto de Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de cada concesión, a las que se suman obras optativas que los propios oferentes podrán incorporar en sus propuestas y que serán evaluadas en el proceso de adjudicación.
Entre las intervenciones previstas figuran la eliminación de un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano. En el caso de la Línea San Martín, el objetivo es recomponer la capacidad, la confiabilidad y la regularidad de su corredor principal, mientras que para la Línea Urquiza se contempla la recuperación de su ramal troncal.
El plazo de concesión, fijado en 50 años, responde a la lógica de las inversiones ferroviarias, que requieren períodos prolongados de recupero de capital. El horizonte extendido busca además facilitar el ingreso de capital privado y habilitar el desarrollo de nuevas cargas sobre una red hoy subutilizada.
El proceso también prevé que los concesionarios puedan adquirir el material rodante asignado a cada línea. Los fondos obtenidos por la venta y el remate de locomotoras y vagones existentes se destinarán a un fideicomiso específico, que financiará de manera parcial la ejecución de las Obras Obligatorias.
Una red que arrastra años de deterioro operativo
Los antecedentes del proceso licitatorio describen una situación de partida compleja: al inicio de la actual gestión, BCyL registraba pérdidas económicas sostenidas, un fuerte deterioro de la infraestructura, un número elevado de descarrilamientos y la ausencia de un esquema de mantenimiento cíclico ordenado. Los informes técnicos que sustentan el pliego señalan, además, que durante 2023 se incumplió entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo, un dato que grafica el nivel de rezago acumulado en la red de cargas.
Frente a ese diagnóstico, el Gobierno plantea que el nuevo esquema de concesión traslada al sector privado el aporte de capital, la gestión operativa y el riesgo empresario asociados a la recuperación y el desarrollo de la red ferroviaria, mientras el Estado se reserva las funciones de regulación, fiscalización y control sobre el sistema. La convocatoria se suma así a los esfuerzos oficiales por atraer inversión privada de largo plazo hacia la infraestructura de transporte, en un país donde buena parte de la carga que hoy se mueve por camión podría trasladarse al ferrocarril si se resuelven los cuellos de botella estructurales de la red.
