El presidente Donald Trump presionó a los principales socios comerciales de Estados Unidos para que comprometieran billones de dólares en inversiones en territorio norteamericano. El instrumento de presión fue contundente: la amenaza de aranceles punitivos. El resultado, un paquete de acuerdos que la administración denomina «America First Investment Policy» y que suma más de cinco billones de dólares en compromisos vinculados a industria, infraestructura y cadenas de suministro. Un estudio publicado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE) siembra dudas sobre si ese dinero llegará a materializarse —y sobre cómo se gastaría en caso de hacerlo.
«¿Qué tan realistas son estos compromisos? La respuesta corta es que están rodeados de incertidumbre», escriben Gregory Auclair y Adnan Mazarei, los economistas del PIIE que elaboraron el análisis.
Los números y los socios
Los acuerdos analizados incluyen compromisos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Liechtenstein, Arabia Saudita, Qatar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Entre los hitos más llamativos: en julio de 2025, Trump anunció un «realineamiento estratégico» de la relación económica con Japón, que incluyó un compromiso nipón de 550.000 millones de dólares para «reconstruir y expandir industrias centrales de Estados Unidos». En noviembre, en la Casa Blanca, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, prometió «casi un billón de dólares» en inversiones.
La cifra total que maneja la administración es incluso mayor. La Casa Blanca publicó un número de 9,6 billones de dólares que incorpora compromisos públicos y privados adicionales.
Para dimensionar las cifras: la inversión privada total en Estados Unidos corre a un ritmo anual de 5,4 billones de dólares. Y en 2024 —el último año con datos disponibles— la inversión extranjera directa en el país alcanzó apenas 151.000 millones de dólares. La diferencia entre lo prometido y lo histórico es abismal.
Continuidad encubierta con Biden
En términos sectoriales, los compromisos se concentran en áreas que la administración considera estratégicas: infraestructura energética, defensa y aeroespacial, construcción naval, manufactura avanzada, inteligencia artificial y cadenas de suministro críticas. El solapamiento con las prioridades de la era Biden es notable, con una excepción significativa: donde la administración anterior enfatizó la energía limpia, la actual pivotó hacia los combustibles fósiles.
La diferencia más profunda, sin embargo, está en el financiamiento. Biden recurrió al gasto público, los subsidios y los incentivos fiscales para financiar proyectos de infraestructura y estimular la inversión en semiconductores y tecnología verde. Trump, en cambio, está usando la amenaza arancelaria para que sean los países extranjeros —y sus empresas— quienes paguen la cuenta. La lógica es efectiva en su simplicidad: los socios comerciales aceptaron en principio invertir en proyectos radicados en Estados Unidos para proteger su acceso al mercado norteamericano.
¿Pueden cumplir lo que prometieron?
El estudio del PIIE distingue entre distintas capacidades de cumplimiento. Japón y Suiza aparecen relativamente bien posicionados para honrar sus compromisos mediante la reasignación de flujos de inversión extranjera existentes, garantías financieras y presión sobre inversores institucionales. Corea del Sur y Taiwán están en una situación similar.
El panorama es más complicado para los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que en conjunto prometieron casi cuatro billones de dólares. Arabia Saudita podría cumplir sus metas, aunque con dificultad. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar lo tendrían aún más difícil y podrían verse obligados a endeudarse para financiar las inversiones. «En los tres casos, los compromisos no son vinculantes, y las inversiones de estos países podrían quedar muy por debajo de los titulares», advierten los autores.
Riesgos políticos y legales
El esquema tiene vulnerabilidades importantes. La naturaleza coercitiva de los acuerdos corre el riesgo de alienar a aliados clave. El trato con la Unión Europea entró en zona de turbulencia tras el rechazo europeo a las pretensiones de Trump sobre Groenlandia.
Los socios podrían encontrar una vía para escapar de sus compromisos. «Otros países pueden encontrar la manera de zafarse», reconoció Mazarei. La Casa Blanca respondió que la administración tiene aranceles alternativos a los que puede recurrir si la Corte invalida los actuales, y que «el presidente se reserva el derecho de revisar las tasas arancelarias si otros países incumplen sus compromisos».
Por ahora, los cinco billones de dólares anunciados son, en gran medida, una apuesta a futuro: ambiciosa, políticamente poderosa y, según los economistas del PIIE, envuelta en una incertidumbre considerable.
