Durante décadas, los aranceles fueron el campo de batalla predilecto del comercio internacional. Cada décima de punto en las tarifas aduaneras movilizaba negociaciones, litigios en la Organización Mundial del Comercio y titulares de prensa. Hoy, sin embargo, el obstáculo más oneroso para exportar no aparece en ningún arancel: está oculto en cientos de páginas de reglamentos técnicos, exigencias fitosanitarias, procedimientos de certificación y requisitos de etiquetado que varían de país en país.
Así lo documenta la última actualización del informe Global Trade Update de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El organismo concluye que, aunque los aranceles experimentaron un fuerte repunte a lo largo de 2025, las denominadas medidas no arancelarias (MNA) generan costes de acceso al mercado superiores a los de las tarifas aduaneras en el 88% de los países con mayores cargas exportadoras. En otras palabras: para la mayoría del mundo, atravesar la aduana es hoy el menor de los problemas.
La naturaleza de estas barreras es heterogénea y, a menudo, opaca. Incluyen desde estándares de seguridad para productos electrónicos hasta exigencias de trazabilidad en alimentos, pasando por normas medioambientales, restricciones de empaquetado o requisitos de contenido local. El problema no radica en su existencia —muchas responden a intereses legítimos de salud pública o sostenibilidad— sino en su falta de armonización y en la asimetría de recursos que impone su cumplimiento.
Una carga desigual
El impacto es especialmente pronunciado en las economías en desarrollo y en los países menos adelantados. Estos no solo enfrentan aranceles más elevados que sus competidores de mayor renta, sino que simultáneamente deben escalar barreras regulatorias diseñadas —y con frecuencia actualizadas— en los mercados de destino sin disponer de la infraestructura necesaria para cumplirlas.
La UNCTAD destaca el caso de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que carecen de los equipos técnicos y el músculo financiero para adaptarse a requisitos complejos. En muchos países en desarrollo, la ausencia de laboratorios acreditados obliga a las empresas a enviar sus productos al extranjero para someterlos a pruebas de homologación, añadiendo costos, tiempos y riesgos que pueden volver inviable la exportación de partidas de bajo volumen.
El resultado es una forma silenciosa de proteccionismo: no declarada, difícilmente impugnable en foros multilaterales, y con efectos que se acumulan a lo largo de cadenas de valor enteras.
La transparencia como palanca
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que una parte significativa del costo no arancelario proviene no de los requisitos en sí, sino de la dificultad para conocerlos. Muchas empresas desconocen qué regulaciones deben cumplir o dónde encontrar información fiable y actualizada sobre los mercados a los que aspiran exportar. La incertidumbre regulatoria actúa como un freno previo a cualquier decisión de internacionalización.
Esta cifra sitúa la transparencia como una de las herramientas de política comercial con mayor retorno potencial a corto plazo, y con una implementación comparativamente sencilla: ventanillas únicas digitales, bases de datos de requisitos actualizadas en tiempo real, o acuerdos bilaterales de notificación previa de cambios normativos son mecanismos técnicamente alcanzables que podrían generar un impacto inmediato.
Armonización: el horizonte de largo plazo
Más allá de la transparencia, el informe de la UNCTAD defiende una agenda ambiciosa de cooperación regulatoria internacional. La armonización de estándares técnicos y el reconocimiento mutuo de certificaciones entre países permitirían reducir la duplicación de procesos y los costos asociados, especialmente en regiones donde la integración comercial sigue siendo limitada.
África es el caso más citado. El organismo estima que una mayor convergencia normativa podría reducir los costos no arancelarios entre un 30% y un 40% en determinados sectores industriales y agrícolas del continente,
La armonización de estándares exige ceder soberanía regulatoria, un proceso lento y sensible políticamente. El reconocimiento mutuo, en cambio, preserva la autonomía normativa de cada país mientras elimina la duplicación de controles, y puede avanzar con mayor agilidad a través de acuerdos bilaterales o regionales.
