El Acuerdo de la OCDE sobre Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial —un texto de 137 páginas vigente desde 1978— funciona como la norma madre del financiamiento de exportaciones en los países de altos ingresos. Allí se fija qué pueden financiar las agencias de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés), en qué plazos debe devolverse cada préstamo y qué primas mínimas corresponde cobrar por garantías y seguros. Modificar cualquiera de esas disposiciones suele demandar años de negociación técnica y política.
Por eso llama la atención la velocidad del nuevo proceso. En 2023, los once miembros del Acuerdo cerraron el primer paquete de cambios relevante desde comienzos de la década anterior: extendieron plazos de repago, reformaron la Tasa de Interés Comercial de Referencia (CIRR) y ampliaron el entendimiento sectorial sobre cambio climático. Este año, sin embargo, decidieron volver a la mesa. Los titulares de las agencias ya bautizaron la iniciativa como «Modernización II».
El impulso político llegó desde lo más alto. En mayo, los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 señalaron que la reforma resulta indispensable para que sus exportadores puedan competir frente a la presión creciente de proveedores de fuera de la OCDE, y reclamaron que la actualización se complete con rapidez.
Un reglamento con efectos que exceden a los países ricos
Lo que se decida en París no se limita a la competitividad de las exportaciones de la OCDE. Cada ajuste se traslada al costo de centrales eléctricas, autopistas, aeropuertos y sistemas de agua que se construyen en economías en desarrollo, donde el crédito oficial a la exportación es una de las fuentes de financiamiento de largo plazo más accesibles. Según estimaciones del sector, puede resultar hasta un tercio más barato que alternativas como la emisión de bonos soberanos.
También hay mucho en juego para las propias agencias y para los bancos comerciales que fondean estas operaciones: en 2025, los participantes del Acuerdo otorgaron créditos oficiales a la exportación por 58.100 millones de dolares, de acuerdo con datos de la OCDE. Las negociaciones se concentran en tres reuniones presenciales al año y los gobiernos mantienen hermetismo sobre la agenda, aunque varios frentes ya muestran presión concreta por cambios.
Minerales críticos: el punto de mayor consenso
Si hay un tema en el que las posiciones parecen alineadas, es el de los minerales críticos. Insumos clave para baterías, vehículos eléctricos e infraestructura de inteligencia artificial, estuvieron detrás de muchas de las grandes operaciones de las ECA en los últimos años, y fueron el único sector mencionado de forma explícita en la declaración del G7.
La urgencia responde a un objetivo estratégico: reducir el dominio de China sobre el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, uno de los participantes con mayor peso en la mesa, convirtió al sector en una prioridad, y las agencias de Australia, Corea del Sur y el Reino Unido también vienen canalizando fondos hacia proyectos de minería y refinación.
Entre las medidas en discusión figuran extender el plazo máximo de los préstamos más allá de los 20 años, flexibilizar los cronogramas de repago y habilitar primas más bajas, según explicó Yoshi Ichikawa, responsable de financiamiento para el desarrollo y de agencias para Europa en Standard Chartered. El esquema replicaría los «entendimientos sectoriales» que ya ofrecen condiciones a medida para industrias específicas. A juicio del ejecutivo, los minerales críticos podrían convertirse en el eje de este paquete, del mismo modo que los incentivos a proyectos climáticos lo fueron en la reforma de 2023.
La banca europea pide más margen en costos locales, anticipos y primas
El sector financiero también puso sus reclamos sobre la mesa. En junio, la Federación Bancaria Europea (EBF) presentó ante la consulta de la OCDE siete propuestas operativas. La más ambiciosa apunta a los costos locales: hoy el Acuerdo admite financiar gastos en el país comprador por hasta el 40% del valor exportado en los mercados de mayores ingresos y hasta el 50% en el resto. Los bancos proponen elevar ese tope al 100%, con el argumento de que los requisitos de localización ya son habituales en las licitaciones internacionales.
Sobre el anticipo obligatorio del 15%, la EBF sugiere mantenerlo pero permitir que las agencias cubran hasta el 95% del contrato —frente al 85% actual— y que esa flexibilidad sea permanente, focalizada en los países de mayor riesgo. A eso se suma un pedido de primas reducidas para proyectos verdes y sociales, cuyos plazos largos y rentabilidad gradual los vuelven muy sensibles al costo de la cobertura frente a la oferta de bancos de desarrollo y prestamistas de fuera de la OCDE.
Proyectos sociales y simplificación de las reglas
La propuesta bancaria incluye además crear una categoría específica para proyectos sociales —salud, educación, agua, vivienda y transporte inclusivo— con beneficios equivalentes a los que hoy reciben los proyectos verdes, y simplificar el entendimiento sobre cambio climático, cuya dispersión y nivel de detalle generan incertidumbre sobre los plazos aplicables. También pide aclarar que la compra soberana de aeronaves para fines no comerciales, como protección civil o guardacostas, quede bajo las reglas generales y no bajo el régimen pensado para la aviación comercial.
Los cambios no estarían exentos de ganadores y perdedores. Si las agencias amplían su cobertura, los bancos locales que tradicionalmente financian la porción no cubierta de cada operación podrían perder participación, aunque también crece un ecosistema de fondos especializados, instituciones de desarrollo, bancos regionales y aseguradoras privadas dispuestos a cubrir ese tramo. Un análisis del sector estimó que la reforma de 2023 mejoró en un 25% la asequibilidad del crédito a la exportación durante los primeros diez años de repago, una referencia que hoy alimenta las expectativas sobre la nueva ronda.
Para América Latina, donde los minerales críticos, la infraestructura energética y el transporte concentran buena parte de la demanda de financiamiento de largo plazo, el resultado de Modernización II puede traducirse en condiciones más competitivas para proyectos de litio, cobre o redes eléctricas, en un momento en que la región busca posicionarse en las nuevas cadenas de suministro.
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