El organismo encargado de resolver las disputas comerciales entre las naciones que integran la Organización Mundial del Comercio enfrenta un momento de definición. En la última reunión celebrada en Ginebra, el nuevo presidente del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el embajador brasileño Guilherme de Aguiar Patriota, planteó abiertamente lo que muchos delegados preferían no decir: que las transformaciones ocurridas en el escenario global durante el último año y medio obligan a revisar desde cero los avances logrados en las negociaciones sobre reforma del sistema.
La declaración de Patriota no fue una afirmación menor. Desde que el Órgano de Apelación de la OMC quedó paralizado en 2019 —cuando el último miembro en funciones vio expirar su mandato sin que Estados Unidos permitiera nuevos nombramientos—, los intentos de reforma del sistema de solución de controversias han sido recurrentes y, hasta ahora, infructuosos. En las últimas conferencias ministeriales, los miembros de la organización se comprometieron a restaurar un sistema plenamente operativo y accesible para todos, pero esos compromisos no se tradujeron en acuerdos concretos.
Lo que Patriota sugirió en la última reunión es que las posiciones de los miembros pueden haber mutado de manera significativa a raíz del aumento de las tensiones y la incertidumbre global. En ese sentido, señaló que su intención como presidente del OSD es relevar el estado actual de las posiciones de cada delegación, evaluar cómo reanudar las discusiones cuanto antes y determinar sobre qué bases convendría continuar el trabajo pendiente. En su perspectiva, continuar como si nada hubiera cambiado sería ignorar la realidad.
El contexto al que aludía el embajador brasileño no requiere demasiada explicación. La escalada arancelaria impulsada por la administración Trump desde comienzos de 2025, las restricciones al comercio de semiconductores y minerales críticos, y la fragmentación de las cadenas globales de valor han alterado las prioridades de numerosos gobiernos. Para muchos miembros de la OMC, el sistema de arbitraje que existía antes del bloqueo estadounidense ya no refleja los equilibrios ni las urgencias del comercio mundial actual.
Mientras tanto, el mecanismo provisional que surgió como respuesta a la parálisis del Órgano de Apelación —el Acuerdo Plurilateral de Arbitraje en Apelación, conocido por sus siglas en inglés como MPIA— sigue siendo la única alternativa funcional para los miembros que optaron por adherirse. La Unión Europea, que es su usuaria más activa, ha insistido en que esta solución transitoria no puede sustituir a un sistema universal y vinculante. Pero la pregunta de cuándo y cómo llegar a ese sistema sigue sin respuesta.
Colombia, hablando en nombre de un grupo de 130 miembros, presentó por 97ª vez consecutiva la propuesta de iniciar los procesos de selección para cubrir las vacantes en el Órgano de Apelación. El número de adhesiones a esa iniciativa, dijeron sus portavoces, refleja el interés compartido en que el sistema funcione. Pero la aritmética del consenso en la OMC exige que todos los miembros estén de acuerdo, y Washington —cualesquiera sean sus razones— no lo está.
La gestión de Patriota podría leerse como un intento pragmático de despejar el camino: antes de retomar negociaciones técnicas sobre el diseño del sistema, conviene saber si los actores relevantes siguen queriendo lo mismo que querían hace tres años. Si el diagnóstico compartido ha cambiado, también tendrá que cambiar el punto de partida.
