El cumplimiento normativo dejó de ser, para las empresas con presencia en América Latina, un asunto administrativo confinado al back office. Así lo plantearon tres abogados especializados en la materia durante la primera sesión del ciclo ‘Operar en Latinoamérica: la realidad del cumplimiento normativo’.
El diagnóstico compartido por los panelistas, provenientes de las oficinas de la firma en Brasil, Colombia y Chile, fue que la región no puede abordarse como un bloque homogéneo en materia de riesgo legal. Cada país tiene su propia arquitectura normativa, su propia cultura de aplicación de la ley y su propio perfil de exposición, por lo que un mismo programa de cumplimiento, apenas traducido y sin adaptaciones locales, suele ser uno de los errores más frecuentes y más costosos entre las multinacionales que desembarcan en la región.
Filipe Batich, de Madrona Advogados, ilustró ese punto al advertir que las políticas de cumplimiento no pueden limitarse a una traducción al portugués o al español: cada mercado exige incorporar sus propios riesgos, su cultura y las exigencias específicas de sus organismos de control.
En Brasil, Batich identificó un riesgo en ascenso y todavía poco atendido por muchas compañías: la infiltración del crimen organizado en sectores formales de la economía, desde entidades financieras y fintechs hasta industrias intensivas en efectivo como la distribución de combustibles, lo que exige protocolos de debida diligencia cada vez más exigentes. Almeida sumó una observación que contradice buena parte de la intuición corporativa tradicional: son las empresas más pequeñas —panaderías, quioscos, estaciones de servicio— las que hoy concentran mayor riesgo en el país, precisamente porque resultan más permeables para estructuras delictivas y porque suele ser más difícil verificar la licitud de sus operaciones.
El panorama colombiano, descrito por Gabriela Mancero, de Peña Mancero Abogados, aparece como uno de los marcos de cumplimiento más desarrollados y de aplicación más activa en la región. Mancero remarcó que las sanciones pueden llegar a los 100 millones de dólares, que distintas autoridades actúan de forma coordinada y que las obligaciones se extienden a toda la cadena de suministro: aun cuando una empresa no esté directamente alcanzada por la normativa, queda expuesta a través de sus agentes, proveedores y terceros, que deberán ajustarse a esas exigencias para poder seguir siendo contratados.
En el caso chileno, Yoab Bitran señaló una brecha que atraviesa a buena parte de la región: la distancia entre marcos legales exigentes y la capacidad efectiva de los Estados para hacerlos cumplir. Aun así, destacó a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas como un punto de inflexión en el país, al abarcar más de 250 categorías de delitos y convertir al compliance en una herramienta de protección legal y no solo en una buena práctica corporativa.
Para Bitran, esto no implica que las empresas deban resignar estándares éticos para operar en la región, sino que necesitan programas de cumplimiento efectivos y adaptados a cada contexto, con líneas rojas claramente definidas. En determinados escenarios, planteó, la decisión más razonable puede ser directamente no ingresar a un mercado, o retirarse de él.
El intercambio dejó un mensaje de fondo que trasciende a los tres países analizados: en América Latina, el cumplimiento normativo funciona menos como una política corporativa replicable y más como un ejercicio de inteligencia local, que exige a las empresas conocer en profundidad cada jurisdicción antes de definir cómo, y si, operar en ella.
