En su mayor derrota judicial desde el regreso a la Casa Blanca, Donald Trump vio cómo la Corte Suprema de Estados Unidos desmantelaba el eje central de su política comercial. Con una votación de 6 a 3, el tribunal dictaminó que el presidente se excedió en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles «recíprocos» a más de cien países. El impacto del fallo es global: afecta billones de dólares en comercio y podría obligar al gobierno a devolver hasta 170.000 millones de dólares en gravámenes cobrados.
La respuesta de Trump no tardó en llegar. Visiblemente molesto, anunció desde la Casa Blanca que firmará órdenes ejecutivas bajo la Sección 122 y la Sección 301 del derecho comercial para reinstaurar un arancel general del 10%, advirtiendo que las nuevas tarifas «podrían ser potencialmente más altas» que las anteriores. Además, anunció investigaciones sobre prácticas comerciales desleales que podrían derivar en gravámenes adicionales.
El presidente del tribunal, John Roberts, fue claro en la opinión mayoritaria: «Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma explícita y con estrictas restricciones. No hizo ninguna de las dos cosas en este caso.» Junto a Roberts votaron las tres juezas progresistas —Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor— y, en un movimiento significativo, dos jueces designados por el propio Trump: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Los disidentes fueron Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito.
En su opinión concurrente, Gorsuch fue más categórico aún. Rechazó el argumento de que el presidente dispone de «amplia discreción» en materia arancelaria y escribió que la historia «no respalda esa idea» sino que, más bien, «la refuta».
El fallo no alcanza a todos los aranceles del mandatario. Las tarifas sectoriales sobre acero, aluminio y automóviles permanecen vigentes. Tampoco resuelve de manera inmediata la cuestión de los reembolsos: el tribunal dejó ese asunto en manos de instancias inferiores, aunque el juez Kavanaugh admitió que el proceso «probablemente será un desastre».
La decisión llega en un momento en que seis de cada diez estadounidenses desaprueban la gestión comercial de Trump, según una encuesta de AP-NORC. Más de una docena de estados y cientos de empresas habían demandado la política arancelaria, alegando que el presidente había usurpado la facultad constitucional del Congreso para establecer impuestos y que los aranceles habían encarecido productos, perturbado cadenas de suministro y generado recortes de personal.
«En el medio siglo de existencia de la IEEPA, ningún presidente había invocado el estatuto para imponer aranceles, y mucho menos de esta magnitud y alcance», subrayó el fallo. Con su respuesta inmediata y combativa, Trump dejó en claro que no considera el asunto cerrado, fue solo trasladado a otro campo de batalla.
